EL ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dejó ayer estupefactos a todos cuando anunció que la ley de transparencia incluirá responsabilidades penales para los políticos que incumplan los compromisos de contención del déficit, es decir, que podrá imponer castigos penales a aquellos gestores que se aparten del canon económico neoliberal fijado en la ley. El día antes nos fuimos a dormir con la sospecha de que las comunidades incumplidoras podrían ser sancionadas. El salto cualitativo propuesto por Montoro es extraordinario, pues pasaríamos de imputar una responsabilidad colectiva a la comunidad cuyo gobierno rebase los límites fijados a castigar individualmente a los políticos que hayan roto el compromiso de contención. Ya no sería la comunidad la que pagaría la desobediencia de sus gobernantes sino que serían los gestores quienes expurgarían individualmente sus culpas.

La propuesta del ministro, en efecto, es perturbadora. Si la sanción económica a las comunidades ya es un medio coercitivo discutible -pues bastaría con que los gobiernos autonómicos, en nombre de su legítima autonomía, no suscribieran el compromiso de déficit para crear un conflicto de largas consecuencias- la posibilidad de imponer sanciones penales a los políticos que desobedezcan una determinada ortodoxia financiera supone algo más grave: blindar el neoliberalismo económico bajo pena de cárcel. Dicho de otro modo, dotar a los gobiernos de una herramienta de castigo contra los políticos que sobrepasen, por las circunstancias que sean, las limitaciones sagradas de la política neoliberal. La razón de los mercados elevada a principio constitucional básico. Y si no, a la cárcel.

Si se tira del hilo y se añaden todas las contingencias imaginables derivadas de semejante principio el resultado se asemeja a una comedia negra de aroma valleinclanesco. Con la ayuda del esperpento el resultado no sería tan malo. ¡Abrir la posibilidad de meter a todos los políticos en la cárcel! ¡Y que unos políticos denunciaran a otros por un delito común a todas las siglas y que fuera ingresando en prisión con una cadencia continua! Me consta que es el sueño que amasan muchos ciudadanos cabreados. Para ello sería necesario que la ley de transparencia tuviera efectos retroactivos. Nada más justo, pues la penuria actual es hija de la desidia pasada y no de la dejadez del futuro. Y que todos los dirigentes de los ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos y estatales que han excedido en los últimos años las normas de contención (un pecado del que ahora pagamos las consecuencias) acabaran en el banquillo. ¡Nos quedaríamos solos y tendríamos que inventar la política!