LA juez sevillana Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE (expedientes de regulación de empleo) presuntamente irregulares de la Junta de Andalucía durante la primera década del siglo, impuso ayer una fianza civil de 29,5 millones de euros a la ex ministra y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones Magdalena Álvarez, que había sido consejera de Hacienda en la comunidad autónoma andaluza en tres de los años investigados (aunque lo era ya con anterioridad, desde 1994). Fianzas inferiores han sido igualmente dictadas para los entonces viceconsejero y secretario general del mismo departamento. Aunque la Fiscalía Anticorrupción no había propuesto ningún tipo de medidas preventivas contra Álvarez tras su imputación ante la Audiencia, que se encuentra recurrida, la instructora ha estimado necesario imponerle la elevada fianza -"exagerada", según el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas- por considerar a la ex consejera de Hacienda responsable del sistema de ayudas que dio origen al escándalo y que, según sus autos, fue creado ilegalmente para evitar los controles de la Intervención General. Álvarez habría sido "una de las promotoras en connivencia con otros" de un mecanismo de subvención de los ERE conocido como transferencias de financiación, que llegaron a sumar 721 millones de euros, de los que Alaya considera que se defraudaron 136 millones. Superan ya las 140 las personas imputadas en este sumario, entre consejeros y altos cargos, trabajadores intrusos en los expedientes, intermediarios, compañías aseguradoras y bufetes de abogados, entre otros colectivos. El auto de imposición de la fianza contiene esta frase: "Cabe deducir la probabilidad cierta de que pudieran ser condenados (la consejera y sus dos subordinados) en un futuro por los hechos que hoy se investigan", concretamente por prevaricación y malversación de fondos públicos. El texto refleja que Mercedes Alaya ha desbordado ampliamente sus funciones como instructora al prefigurar una decisión condenatoria que no le corresponde decidir más que al tribunal que en el futuro juzgue el escándalo de los ERE. Con este auto viene a dar la razón a quienes denuncian que la juez instructora está realizando una investigación inquisitorial que, además, tiende a propiciar una causa general contra la Junta de Andalucía, en la que ya no están sólo los componentes de la Administración autonómica en distintos niveles, sino también la Cámara de Cuentas y el propio Parlamento de Andalucía, como se ha comprobado en los últimos días. Y todo ello dilatando la instrucción hasta poner en peligro el derecho de defensa de los imputados y la propia viabilidad del proceso penal que se le encomendó.