Vuelve a la actualidad el tema catalán, por dos razones: una, porque el Tribunal Constitucional juzgará las recusaciones presentadas por Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Carmen Forcadell y otros de menor rango político, pero también condenados. También vuelve a la actualidad, porque la Audiencia Nacional dejará visto para sentencia el juicio al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Luis Trapero. La recusaciones se formulan contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a políticos catalanes a severas penas por su actuación en relación con el referéndum que organizaron. Merecen ser recordadas estas penas. Así, 13 años de prisión a Oriol Junqueras e inhabilitación absoluta para cargo público. Un año menos a Romeva, Turul y Bassa y también la inhabilitación absoluta por haber malversado dos millones euros. También otro año menos a Carmen Forcadell; a Forn y Rull diez años y a los Jordi nueve años. Los fundamentos de la sentencia del Tribunal Supremo tambien merecen ser recordados. En ella se dice que no les condenan por rebelión (delito más grave que el de sedición, de los que se le acusaba) porque aunque "pusieron en jaque el orden constitucional con la declaración de independencia" la violencia no formó parte de su plan. Aunque existió violencia, esta se considera insuficiente para condenar por el delito de rebelión. Y añade que no se puede resolver con un monosílabo (si o no) si hubo violencia, porque ello supondría "incurrir en un reduccionismo analítico, que la Sala no puede suscribir". La violencia empleada hubiera podido servir para crear un clima que hiciese posible obligar al gobierno de Madrid a negociar un referéndum, pero bastó una decisión del TS para despojar de ejecutividad a los instrumentos jurídicos que pretendían hacer efectivos y lo demuestra que la mera exhibición de una página del BOE que publicaba la aplicación del artículo 155 de la CE a la Comunidad Autónoma de Catalana, para que algunos emprendieran la huida y que los que se quedaron, desistieran de la aventura que habían empezado. Aunque reclamaban la autodeterminación lo que buscaban era presionar al gobierno para negociar la celebración de una consulta popular.

También la Audiencia Nacional dejará visto para sentencia el juicio contra Trapero, encausado por su actuación el 1-O. El Fiscal le rebaja la acusación inicial de rebelión a sedición, e incluso acepta la condena por desobediencia, que no conlleva prisión. Todo esto, que parecen historias del pasado, vuelven a ser actualidad.