Sí nos conviene. Entre las muchas razones que hay para hacerlo -como hacer valer nuestro más valioso derecho ciudadano- me parece muy convincente la que daba Javier Marías en su columna del PS: "si no votan más que los incondicionales, serán ellos los que decidan por nosotros". Para que la jornada electoral de mañana no sea otro día de la marmota, los electos deberán ser imaginativos y desistir de sus dogmatismos ideológicos. Los suyos y los de sus electores ya que, según las encuestas, el apoyo a coaliciones entre fuerzas de diferente bloque ideológicos es muy minoritaria: solo 19;3% de los consultados verían con buenos ojos un gobierno de socialistas y C´s y un escuálido 7,6 un acuerdo entre socialistas y populares. Mientras que un 42,8% son partidarios de un gobierno entre izquierdas y nacionalistas. Los votantes no se muestran muy optimistas al respecto y, según una encuesta de 40dB, solo un 23´8 cree en la posibilidad de un acuerdo entre partidos que garantice la estabilidad del Gobierno después del 10N. Cabe pensar que la cuestión del bloqueo pueda ser un problema de país más que de partidos. No somos alemanes y la "grosse Koalition" no goza de ningún prestigio entre nosotros.

En otro orden de cosas, resulta llamativa la terca insistencia de las derechas -autoproclamados constitucionalistas- en reducir el constitucionalismo español a su limitado espacio ideológico. Al excluir al PSOE de la Constitución, limitan el apoyo a la Carta Magna a menos de un 30% (según las encuestas) de los españoles. Ya que Vox, su socio recurrente, sólo puede sentirse a gusto en su condición de preconstitucional. Ese estúpido empeño en jibarizar el constitucionalismo español a su mínima expresión recuerda al independentismo, que solo otorga la condición de catalanes a sus ciegos seguidores.

En campaña solo importan las palabras. Con su evidente error sobre la relación gobierno-fiscalía, Sánchez regaló un momento de gloria a sus adversarios políticos y mediáticos. Sin embargo, el error del candidato socialista está desmentido por los hechos. No sólo no hay pruebas de que Sánchez o sus ministros hayan querido imponer su voluntad a los fiscales, sino que más bien la hay de lo contrario: en el trascendental juicio del procés, la fiscalía actuó con un criterio distinto a la Abogacía del Estado. Y, por cierto, como es bien sabido la sentencia acabó dando la razón a los segundos y quitándosela a los primeros.