HACE unos días este Diario titulaba con pulcra asepsia: "La Intervención eleva a 3.015 millones la cantidad pendiente de justificar de los cursos de formación entre 2005 y 2013. El Servicio Andaluz de Empleo falseó deliberadamente las certificaciones de los cursos para favorecer a determinadas empresas o grupos de beneficiarios". Una tal revelación desde un organismo oficial encargado de la supervisión de las cuentas de la Junta puede hacerse y se hace sin que alcance prácticamente eco alguno en la vida ciudadana, en las siempre bulliciosas redes sociales, en los medios de comunicación nacionales e internacionales. ¿Cómo es posible?

Lo que asombra y paraliza es la increíble magnitud de la cifra injustificada por injustificable. Pensemos que los manejos de Bárcenas se evalúan entre 40 y 50 millones, que toda la red Gürtel pudo desviar unos 120 millones, que el caso de los ERE, que parecía insondable, llegaba hasta los 1.200. Más aún, que el presupuesto anual de la Universidad de Sevilla es de 407 millones y de unos mil el del Ayuntamiento de esta ciudad con todas los servicios y empresas dependientes. Las cifras de la corrupción socialista andaluza son, pues, de naturaleza asiática, capaces de condicionar y adulterar toda la vida de la región. Y es que, al contrario de otras tramas de corrupción, el origen y la finalidad de ésta no ha sido el enriquecimiento de unos cuantos políticos y allegados, o la financiación de un partido, sino la creación de una inmensa red de control político, social y económico al servicio de una oligarquía partidista de nuevo cuño, garante del régimen, lo que explica la tolerancia cómplice de una parte significativa de la ciudadanía. Las dos últimas elecciones han mostrado la enorme eficacia, en circunstancias muy difíciles para el PSOE, de los mecanismos engrasados con esas sumas fabulosas.

Esto ya no es corrupción, es simplemente una forma monstruosa de entender una administración y sus fines. Por eso, una revelación así sólo puede afrontarse de dos modos: intervenir por decreto la Junta de Andalucía y todo su entramado, y exigir responsabilidades a los implicados en semejante latrocinio, o no hacer nada y dejar a los historiadores la tarea de llegar hasta el fondo de lo que el régimen demagógico y cleptocrático ha supuesto en el hundimiento de esta tierra. A ver, esos historiadores.