La caída de un 18.5% del PIB en el segundo trimestre es un dato catastrófico, aunque previsible: son meses de confinamiento y de paralización de toda la actividad económica, excepto los servicios esenciales. Si no hay precedentes de tamaña caída es porque tampoco los hay de un confinamiento general de la población, como el que hubo que decretar en la mayor parte de ese trimestre para frenar la pandemia. Entonces, cuando nos enfrentamos al arduo dilema -entre la salud y la vida o la economía- éramos conscientes de que traería consecuencias como las que conocimos ayer. Fue una decisión necesaria, tomada también por la inmensa mayoría de los países, y los resultados así lo atestiguan. Si Smichtt sostenía que soberano es quien puede decidir el Estado de Excepción, en nuestro caso el Estado de Emergencia lo decidió el parlamento. Es lo que diferencia el decisionismo del Estado de Derecho, aunque a algunos no les guste la mayoría parlamentaria y pongan en duda su legitimidad y sus decisiones. Ese es el tipo de cosas que hacen que nuestro parlamento recuerde tanto al de la República de Weimar. El desplome del PIB, el aumento del gasto, la reducción de ingresos, el incremento de la deuda, etc. son datos que asustan, pero es aún más preocupante ver otra vez, en tan dramática situación, un parlamento incapacitado para ponerse de acuerdo en las cuestiones necesarias. Eso, que FT llamó singularidad española, resulta aún más aberrante siendo el país con la la mayor caída del PIB de todas las economías desarrolladas. Aunque aquí lo que nos preocupe sea si un grupo de trabajo de altos funcionarios de Sanidad se puede calificar de comité de experto o qué pasó con la tarjeta del teléfono robada a una ex ayudante del vicepresidente, bla, bla, bla. Eso es lo políticamente relevante mientras el mundo se hunde bajo nuestro píes.

Pero los temores no son sólo económicos, la pandemia sigue aquí y puede que no seamos suficientemente conscientes de ello. Parece que los gobiernos autonómicos no sepan muy bien que hacer sin poder culpar de todo al extinto mando único. Ni los ciudadanos tomamos las debidas precauciones, ni las autonomías parece que se hayan dotado de los medios y el personal necesario para hacer frente al alarmante incremento de los rebrotes. El dramático dato de caída del PIB debería servir para que administraciones y ciudadanos seamos consciente del inmenso coste que todo ello conlleva.