CUANDO el presidente de la Generalitat inició el camino hacia la secesión de Cataluña abrió un a vía de enfrentamiento institucional con una crisis de estado cuyo final esta aún por escribir. En los últimos días hemos entrado en una fase determinante. A la aprobación por el Parlamento catalán de la ley de consultas y la convocatoria por el presidente de la consulta por el llamado "derecho a decidir" (el referéndum por la autodeterminación), ha seguido la respuesta del Gobierno de España con la interposición del recurso de inconstitucionalidad, que suspende automáticamente la ley y la convocatoria. Todo previsible. El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer: cumplir y hacer cumplir la ley y la Constitución (CE), es decir, garantizar la unidad de España y la soberanía popular. Si miramos hacia atrás asistimos a la crónica de un resultado anunciado: la ilegalidad de la consulta convocada para el día 9 de noviembre.

El presidente catalán señaló que los catalanes votarían, pero no parece que la consulta ilegal vaya a celebrarse. Las consecuencias serían desastrosas y Artur Mas no tiene derecho a situar a Cataluña en la ilegalidad nacional e internacional, fuera del euro y de la Unión Europea.

A partir de la decisión formal del TC, asistimos a llamadas a la desobediencia civil y movilizaciones sociales que culminarán el día 9 con un acto singular que sustituya la consulta. Pero, ¿qué pasos se darán después del día 9 de noviembre? Entrando en el terreno de las hipótesis:

-¿Dimisión del señor Mas ante el fracaso de la consulta? La iniciativa del presidente catalán constituyó desde el primer momento una vía cegada que abrió una crisis de estado sin precedente. La salida a la dimisión podría ser la formación de un gobierno de coalición CiU-ERC hasta las próximas elecciones catalanas. No creo que ambos partidos estén ahora por esta solución.

-¿Disolución del Parlamento catalán y convocatoria de elecciones plebiscitarias? Probablemente el presidente catalán convocará a los partidos políticos partidarios de la consulta para planear las posibles salidas y, entre ellas, las elecciones. Asumiendo el riesgo de equivocarme, pienso que Artur Mas no convocará elecciones inmediatas. No sólo porque las encuestas no le son favorables sino también porque no interesan al resto de los partidos. ERC, más apoyado por las mismas, ha dicho que no es partidario de una plataforma electoral con CiU ni creo que le interese ahora formar un gobierno para gestionar la situación de Cataluña después del fracaso de la consulta. Artur Mas retrasará las elecciones a la espera de reforzar su posición y mejorar los resultados de su partido.

Cuál sea la decisión que se adopte después del 9 de noviembre no representará el final de la crisis catalana ni pondrá término a las reivindicaciones de la sociedad. El problema seguirá existiendo porque no sólo es jurídico constitucional sino también un problema con profundas raíces emocionales e identidades compartidas por una buena parte de los ciudadanos catalanes.

Por eso los cálculos electorales no deben primar sobre la búsqueda de una solución a una crisis de estado como es la crisis catalana. Afecta a nuestro futuro como estado y, como pensamos la mayoría, España no será tal sin Cataluña. Dejar las cosas como están no es una solución viable. Se ha dicho a lo largo de la crisis que después del 9 de noviembre será necesario el diálogo y el acuerdo. Porque en algún momento los catalanes, al igual que el resto de los españoles, tendrán que votar una solución a la crisis. Estamos ante un problema de encaje de Cataluña en el conjunto de España que afecta a los españoles, incluidos los catalanes.

Estoy convencido de que el camino viable es una reforma de la CE que nos permita a todos votar una salida constitucional. Qué, cómo y cuándo reformar serán las cuestiones claves del diálogo y la negociación. No es un camino fácil. Algunos comentaristas políticos señalan, con cierta razón, que hoy por hoy los nacionalistas no aceptarán esa solución y no existe el consenso necesario para alcanzar un pacto constitucional que sustituya al de 1978. Pero la alternativa, el inmovilismo, sólo agravará la situación. Antes dije que no deben primar los cálculos electorales sino la política de estado. Pero soy consciente de la dificultad que representa el calendario electoral para progresar en el diálogo necesario. No obstante, pienso que después del citado día 9, temprano o tarde, las cosas cambiarán y es probable que se abran posiciones más favorables al diálogo. Si hay huidas hacia adelante no habrá solución posible. Los partidos nacionalistas tendrán que valorar que una sociedad dividida no es la mejor base para el progreso económico y social de Cataluña y los partidos nacionales tendrán que asumir que españoles y catalanes se encuentren cómodos en un gran proyecto común y compartido.