EL pasado martes el Congreso aprobó una enmienda transaccional a los Presupuestos Generales del Estado de 2010 que obligará a los trabajadores desplazados a España con rentas superiores a 600.000 euros anuales a tributar el IRPF de no residentes al tipo general, el 43%, y no al del 24%, como hasta ahora.

Al día siguiente la Liga de Fútbol Profesional, la patronal del negocio, mostró su estupor por una medida que, si afecta, es a los clubes más poderosos, cuyos presupuestos desorbitados no debieran inmutarse con este cambio retributivo. El histerismo con el que trataron la noticia les llevó a convocar una asamblea general extraordinaria el pasado viernes, cuando para situaciones verdaderamente dañinas como las realidades de tantos clubes que se exceden en su gasto y tienen brutales deudas no se abordan con ese carácter de urgencia. Encima, para no tomar ninguna decisión, se formó una comisión. Una medida demasiado recurrente para excusar el quedarse a mitad de camino. Ahora piensan reunirse con el Gobierno antes del 19 de noviembre, fecha en la que han fijado una nueva asamblea.

Poco ruido se ha montado en otros sectores, cuando la medida es general. Es normal, porque únicamente 1.960 contribuyentes se acogieron al régimen de impatriados en 2008, de los que 60 cobraron más de 600.000 euros, 43 de ellos futbolistas. Pero sí que se han retratado numerosos personajes de la vida pública. Y, mientras, los principales afectados, dicen que lo ven con una normalidad chocante en comparación con sus patronos. Si de algo se pudieran quejar con razón sería de la mala distribución del dinero de las quinielas, que lo generan; del IVA al que se someten sus entradas, diferente al de otros espectáculos. Y, si queremos ser todos iguales, los diputados podrían empezar a tributar, como el resto, por todo lo que ingresan. ¿Porque, qué ejemplo se le está dando al ciudadano de a pie? Estamos en crisis. Y qué crisis… de identidad.