Todos los políticos, los partidos y los gobiernos están muy atareados y pendientes de mociones de censura, transfuguismos o elecciones. Algunos pelean por defender la libertad de expresión. Otros arman la marimorena dentro del Gobierno para controlar el precio de los alquileres y otras, como la vicepresidenta Calvo y la ministra señora de Iglesias, se pelean por combatir el oficio más antiguo del mundo, una atacando a los clientes y la otra a los proxenetas. Todos están muy atareados con cosas muy importantes.

El Congreso, con división de opiniones, aplaudió la ley promulgada para que a algunos se les facilite la dimisión de este mundo y enviarlo al otro. Dicen permitir así el derecho a una muerte digna. Pero, como en la vida misma, todo depende. Mientras a uno se les mata por dignidad, a otros se les deja morir con indignidad.

Hay, desgraciadamente en España, muchos españoles que tienen una vida y una muerte indigna. ¿Por qué? Porque todos ellos dependen. Dependen de otros para vivir dignamente e incluso solo y exclusivamente para vivir. Cientos de miles de españoles están en una situación de clara dependencia sin que los políticos, ni los partidos, ni los que gobiernan, ni los que se manifiestan en las calles, ni los que se preocupan por controlar los alquileres ni las señoras vicepresidenta y de Iglesias, tengan ni un solo minuto para soltar una lágrima o, mejor, un euro por esas personas. La Ley de la Dependencia en España no funciona. No existe una atención adecuada. No existen residencias especializadas para grandes dependientes. La atención médica es deplorable y prueba de ello es que mueren sin que a nadie le haya preocupado ni su desgraciada vida ni su muerte.

Según el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, diariamente fallecen más de 150 personas sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios. Todo un desastre. Hay casi 250.000 personas aguardando que sea aprobada su condición de dependiente y 141.000 más pendiente de valoración. Las listas de espera para recibir las ayudas por la dependencia, en 2020 se han reducido en 55.487 personas. Buena noticia pero, como todo depende, resulta que realmente es un auténtico desastre y probablemente un crimen de lesa humanidad. Un desastre en la gestión de las prestaciones y los servicios necesarios para esas personas dependientes, porque la disminución de esa cifra en la lista de espera lo ha sido por la muerte de los que estaban esperando. Una muerte indigna. Una muerte no deseada. Una muerte peor que la que puede tener un animal salvaje. Sin atención humanitaria y sin atención económica. A las que tienen derecho legalmente, pero que los organismos públicos hacen dejación. Y, ante ello, surge la pregunta: ¿Hay algún político o algún partido que denuncie esta situación en cualquiera de los Parlamentos que tenemos en España?

Son miles las personas que sufren por su dependencia, pero son aún más las que sufren viendo a sus padres, hijos o hermanos dependientes y sin medios para poder darles una vida y una atención digna. Y todo depende de unos políticos y gobernantes que son merecedores de conocer de cerca ese sufrimiento.

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