Desmintiendo el viejo tópico, vivimos un agosto plagado de acontecimientos políticos. Aunque las noticias más inquietantes lleguen del exterior, las de casa no son menores. Sin ir más lejos, disfrutamos de la Feria de Málaga más larga de la historia (algo que no sé si incluir entre las buenas o las malas noticias). Lo que sí resulta verdaderamente trascendente es que, según anunció en su investidura su nueva presidenta, los madrileños al fin son libres; tras la tiranía de un cuarto de siglo de gobiernos del PP. A lo mejor, con una afirmación tan estentórea, sólo pretendía disimular el hecho de haber alcanzado la presidencia después de la sangría electoral que sufrió su partido. Algo que no impedirá que, bajo el gobierno de Ayuso, los madrileños sean libres, pero no iguales, ya que pagarán menos impuestos que el resto de los españoles. Es lo que un conocido economista llamó la exclusión de los ricos. Tal es el caso de aquellas comunidades históricas (que como Madrid están entre las de mayor nivel de renta) que o bien están constitucionalmente exentas de participar en la redistribución de lo tributado por el conjunto de los españoles, o bien - como en el caso del nacionalismo catalán- sea el primer punto de su programa mínimo. Frente a ello, en lugar de engolar la voz para defender la unidad de España, convendría hablar de forma sosegada de la cohesión de los españoles. La señora Ayuso desgranó un programa con pretensiones ultraliberales. Asimiló el concepto de libertad a no pagar impuestos, entiendo que considera liberticida nuestro sistema de progresividad fiscal. ¿Qué hay del Estado Social y de derecho? De la misma forma que la libre elección de colegio no es más que un eufemismo con el que restituir la hegemonía de la educación a la iglesia católica. Nuestro queridos liberales no quieren que el Estado "meta la mano en el bolsillo de los ciudadanos", como cínicamente repiten, pero sí que intervenga en aspectos esenciales de sus vidas privadas: para impedir, encarcelándolas si es necesario, la libre decisión de las mujeres de interrumpir un embarazo no deseado o impedir, por todos los medios, que los enfermos terminales puedan tener, si así lo desean, una muerte digna. Como ya hizo torticeramente la "liberal" Aguirre en esa comunidad. Quieren el Estado como policía moral (de su católica moral) como en las teocracias: nuestra derecha sigue irremediablemente varada en el nacionalcatolicismo del siglo XIX.

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios