LA oposición tenía razón y el PSOE no. Tenía razón la oposición andaluza (PP e IU) al poner en duda que el contencioso de la deuda histórica del Estado con Andalucía hubiese quedado zanjado tras el acuerdo Junta-Gobierno de marzo de 2009, y no la tenían los socialistas cuando defendían que era un caso cerrado.

Después del mencionado pacto, que fijó la cantidad que la Comunidad Autónoma Andaluza debería recibir por su menor nivel de desarrollo en el momento en que recibió las competencias en educación, sanidad y servicios sociales (como manda el Estatuto de Autonomía) en 1.200 millones de euros, Gobierno y Junta acordaron que la deuda efectiva -784 millones, tras descontarse los dos anticipos recibidos en 1997 y 2008- se cobraría, como muy tarde, antes de que acabe el mes que viene.

La deuda histórica es ya historia, proclamó el PSOE andaluz, jubiloso por haber logrado resolver un conflicto que si alguna vez fue reivindicación colectiva de los andaluces ahora ya huele a tabarra. Se hizo incluso una campaña de propaganda al respecto. No contaban con un elemento de distorsión con el que hay que contar impepinablemente: las arcas del Estado están exhaustas. Apenas dan abasto para subvenir a las prestaciones sociales más urgentes, y endeudarse más es un mal camino, incluso un camino impracticable en las actuales circunstancias internacionales.

De modo que el Gobierno ideó una salida aparentemente correcta: pagar la deuda en solares, en hectáreas de suelo de propiedad estatal ubicadas en Andalucía (además de los activos que le quedan de la Expo 92), en vez de en euros. La Junta lo aceptó, y ese fue su error. Qué más da cobrar en dinero contante y sonante que en suelo, lo importante es cobrar al fin, se diría. Pues ha resultado que no da igual. El dinero contante y sonante se puede invertir en los servicios estatutariamente previstos, pero el suelo hay que tasarlo, y en la tasación no es fácil llegar a un acuerdo porque la coyuntura devalúa las hectáreas a recibir (aparte de que una parte de ellas ni siquiera es urbanizable). Ya se habla de acudir a un tasador independiente porque los compañeros socialistas del gobierno de Madrid y los del gobierno de Sevilla no terminan de entenderse. Cien millones les separan. Intereses opuestos.

De modo que la presunta liquidación de la deuda histórica con Andalucía ha devenido en real frustración, y ahí están Partido Popular e Izquierda Unida para recordarlo. El PP, que no se puede decir que hiciera mucho, ni poco, para resolver la cuestión durante sus ocho años de gobernación del Estado, ya prepara recursos ante el Tribunal Supremo y el Constitucional. Más que perseguir la Deuda, Andalucía parece condenada a ser perseguida por ella.