Que en una monarquía la jefatura del Estado sea una fuente permanente de noticias nunca es buena señal. Las casas reales normalmente deben ser instituciones neutras, sin más cometido que la representación sin aristas y el protocolo. En la España actual la familia real rara vez ha conseguido esa neutralidad; en la Transición por su protagonismo político y ahora por el cúmulo de acusaciones y sospechas que pesan sobre su figura más representativas, siempre ha ocupado demasiados titulares y excesiva atención. Los monárquicos en este país no han tenido mucha suerte: en su larga existencia el trono no ha gozado de numerosos representantes brillantes que trabajaran por mantener su prestigio. Ahora, después de décadas de existencia pacífica e incluso brillante, vuelve a ser objeto de intenso debate político. El peligro es que la derecha trata de patrimonializar en exclusiva la defensa de la monarquía y, por tanto, de la Constitución, y pretende lanzar fuera de este ámbito a todo aquel que con un mínimo sentido crítico se atreva a censurar al anterior rey por sus desafortunadas y condenables actuaciones. Pretenden estos nostálgicos realistas que el respeto al pacto constitucional pase por taparse los ojos, mirar a hacia otro lado y dar por buena cualquier actuación del anterior monarca, todo en agradecimiento a su participación en la transición a la democracia.

Pero estos monárquicos radicales se enfrentan ahora a un gran dilema. Porque cualquier defensa cerrada de Juan Carlos pone en entredicho la actitud firme que sobre estas cuestiones ha mantenido el actual jefe de la casa real, Felipe VI. Fue él quien anunció que renunciaba a la herencia de bienes de oscura procedencia, fue él el que decidió privar a su padre de asignación oficial alguna y fue él que en su día acordó que el emérito se ausentara del país. Con este afán de defender lo indefendible y de apoyar a ultranza al anterior jefe del Estado están poniendo en una posición muy difícil al actual rey. Esta actitud está generando dos formas incompatibles de entender la monarquía e incluso de defender el pacto constitucional. No cabe compatibilizar el apoyo y defensa de la actitud de Juan Carlos con la aprobación y aceptación de la firma decisión del actual monarca con respecto a su predecesor. Son dos propuestas contrarias del mismo problema y, por tanto, esta derecha tan furiosamente monárquica tendrá que optar entre los dos criterios porque mantener apoyo a ambos reyes es imposible.