Nuestra Constitución en su Título Preliminar afirma: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". Como dicha soberanía está representada en las Cortes Generales, la Ley del CGPJ del 85, dice que los miembros de procedencia judicial del CGPJ, como poder del Estado que es, deberán ser de elección parlamentaria. Sin duda es un argumento sólido, con el que el PP ha estado de acuerdo hasta ahora que, como nuevo subterfugio para justificar su injustificable negativa a acordar la renovación de los órganos constitucionales, plantea la exigencia de cambiar la ley para que sean los jueces los que se elijan entre ellos. De tal forma que, a diferencia de los otros poderes, el Poder Judicial emane de sí mismo. En realidad, solo es otra excusa para mantener su irresponsable estrategia de bloqueo de las instituciones del Estado: lo que realmente está diciendo el PP es que no renovarán dichos órganos, hasta que la derecha no tenga de nuevo mayoría suficiente para volver a imponer sus propuestas.

Pero más allá del gamberrismo parlamentario de los populares, la cuestión que planteó el ministro Bolaños, de forma no muy acertada, en un programa de radio es un asunto de gran trascendencia en términos democráticos, dado el enorme poder que la sociedad pone en manos de los jueces. El judicial es un poder del Estado que, por su naturaleza, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional debe situarse por encima de los otros poderes. La reciente sentencia del TC sobre las restricciones de movilidad para evitar los contagios de la Covid, acordadas por el ejecutivo y el legislativo, constituye un buen ejemplo de ello. Como otros casos, en los que sentencias o actuaciones judiciales han tenido importantes consecuencias políticas y, por lo tanto, electorales.

Convendría no ignorar la experiencia de otros países, en los que el excesivo protagonismo de jueces y fiscales en cruzadas contra la corrupción ha tenido el efecto, probablemente no deseado, de abrir las puertas de par en par al populismo. Favoreciendo la aparición, con amplio respaldo popular, de figuras como Berlusconi, Bolsonaro, Orbán, etc. etc. todos ellos opuestos, paradójicamente, a la independencia judicial. Los españoles tenemos afortunadamente un sistema basado en el imperio de la ley; en el que el corporativismo debería resultar un elemente extraño, especialmente en la organización del poder sobre el que reposa el Estado de derecho.