Apesar de la excepcionalidad del momento, el parlamento funciona con cierta normalidad. No solo no ha disminuido el habitual tono bronco del debate como cabría esperar, dadas las circunstancias, sino que ha logrado alcanzar cotas de envilecimiento aún mayores. A pesar de que nos enfrentamos a un descomunal problema para el que no estábamos preparados y con un sistema sanitario público gravemente deteriorado a consecuencia de la austeridad y los recortes propios de las políticas económicas de la última década. Pero, además, no debemos olvidar que el gran reclamo electoral de la derecha - que no duda en atribuir las muertes al gobierno- ha seguido siendo las bajadas masivas de impuestos, cuyas consecuencias para la sanidad pública hubiesen sido aún más letales. Ahora que, para evitar el colapso sanitario y económico, se exige desde todos los sectores económico y sociales la intervención del Estado, suena a sarcasmo su recurrente eslogan de que "el dinero está mejor en el bolsillo del contribuyente que en las arcas del Estado".

Cuando los gobiernos se enfrentan a una pandemia, sus decisiones tienen que estar mediadas por la ciencia y sujetas por lo tanto al método de prueba y error. Aunque la responsabilidad ante la ciudadanía corresponda en exclusiva a sus gobernantes, obligados a rendir cuentas. En un contexto de esa naturaleza andar permanentemente "envueltos en la retórica de la confrontación y la gestualidad de la inquina" -como dice Xavier Vidal Folch- es algo que escapa a toda lógica.

En tiempos excepcionales, que obligan a medidas extremas, los pilares fundamentales de sistema de convivencia deben quedar debidamente protegidos. Hay quienes afirman que hay decisiones del gobierno que van más allá de las previsiones constitucionales del Estado de Alarma. Se afirma que el confinamiento obligatorio supone un grave atentado a nuestras libertades. Es un debate necesario. Aunque sea evidente para cualquiera que la prioridad de un gobierno no puede ser otra que la de proteger la salud de sus ciudadanos ante una pandemia como la que sufrimos. El confinamiento no es consecuencia de la voluntad autoritaria del gobierno, sino de la extraordinaria capacidad de contagio del virus y su extrema peligrosidad. Hablar de cárcel, gulag, cartillas de racionamiento,e tc. es algo fuera de lugar, por no decir que es propio de una oposición paranoica que, en lugar de en un escaño, necesita un diván.