EL juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha ordenado continuar con las diligencias abiertas contra el alcalde de Puerto Real (Cádiz), José Antonio Barroso, de Izquierda Unida, por un presunto delito de injurias graves al Rey de España, lo que conducirá a la apertura de un juicio oral. El magistrado estima en su auto, dictado ayer tras reafirmar sus manifestaciones el alcalde puertorrealeño, que Barroso ha trascendido los límites de la libertad de expresión y pone en marcha un procedimiento que puede concluir con una pena que va desde una multa económica hasta los dos años de prisión. La gravedad de las declaraciones realizadas las últimas semanas por el edil, que ha insultado al rey don Juan Carlos y ha realizado diferentes acusaciones sobre su conducta -empleando para ello un lenguaje soez y de pésimo gusto-, no puede encontrar más respuesta que la aplicación de las leyes en un Estado democrático. Barroso no se ha limitado a defender sus ideas republicanas desde el ejercicio de la libertad de expresión ni a abrir un debate que no está en la calle. Ha ido más allá al imputar al Jefe del Estado una serie de hechos que él mismo sabe que no puede probar, simplemente para descalificar su figura y escudándose cobardemente en la existencia de algunos libros -más bien libelos- que hace ya años aludían a supuestas conductas del Rey. Lo dice precisamente alguien que se jacta de apoyar a dictadores y caudillos. El derecho a la libertad de expresión no puede amparar campañas de desprestigio, no ya contra la Corona, sino contra ninguna persona, mucho menos si las acusaciones que formulan no se sostienen. Flaco favor hace Barroso a la defensa de las ideas republicanas con el espectáculo esperpéntico que ha decidido montar, impropio de un alcalde democrático de este siglo. El político puertorrealeño, que está buscando un eco mediático que su gestión como alcalde y como miembro de IU no le dan, se ha situado fuera de las reglas del juego de la Constitución y ha demostrado que es un experto en faltar el respeto a los demás. Es un mal ejemplo, patético, que las leyes que nos hemos dado los españoles se encargarán de poner en su sitio.