Es urgente que los gobiernos impongan la vacuna obligatoria, exijan el certificado Covid y tomen medidas drásticas con quienes se nieguen a ser vacunados. Representan un peligro para la sociedad en la que viven y esta tiene derecho a defenderse. En España la pelota se la pasa el Gobierno de la nación a los de las autonomías y estos, faltos de marcos normativos que al Gobierno de España no le ha dado la gana crear, se ven obligados a someterse a los jueces. Al final son estos quienes toman decisiones que tienen que ver con la salud pública. Y dudo que en los planes de estudio de Derecho haya un grado de Medicina Interna o Epidemiología. El Gobierno vasco -como el gallego en septiembre- ha tenido que recurrir al Supremo para exigir el certificado Covid a quienes accedan a locales de ocio nocturno, restaurantes de más de 50 comensales y eventos masivos, estudiando ampliarlo a las residencias de mayores.

Lo de España es de traca: véase a Yolanda Díaz apuntándose a su favor que el 15 de febrero de 2020 "tenía la convicción de que Italia es España y, por tanto, teníamos la necesidad de desplegar un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar" y que el 4 de marzo presentó "una guía que fue enormemente polémica en el Gobierno y también fuera, se me acusó de ser una alarmista", concluyendo venenosamente: "En fin. Esto fue en la antesala del 8 de marzo". ¿Y se calló?

Fuera de España, donde la pandemia avanza con más fuerza impulsada por la nueva variante, los gobiernos que sí toman decisiones dudan y alargan los plazos pese a que la agencia de salud de la UE advierte que la variante puede causar más del 50% de los casos en pocos meses. Ayer era noticia que Alemania -con una importante escalada de contagios y un 32% de no vacunados- impone un confinamiento a los no vacunados y hará obligatoria la vacuna en febrero o marzo. Lo aplaudo. Aunque no comprendo esta dilación de tres o cuatro meses dado que la sensata Merkel avisa: "La situación epidemiológica es muy seria. Los hospitales están llegando a sus límites y es necesario un acto de solidaridad nacional". Pues a vacunar a ese 32%, lo quieran o no. Pero resulta que también allí, como aquí, las palabras libertad y derechos individuales deben tener tan variados y hasta opuestos significados que ni tan siquiera ante las objetivas y científicas evidencias sanitarias parece posible el acuerdo para actuar con prontitud.