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La ciudad y los días

Carlos Colón

ccolon@grupojoly.com

Si gobiernan ellos no es política

Parece que sólo si el Gobierno balear fuera del PP sería legítimo dar una dimensión política a la cuestión

Sorprendente -aunque no debería hacerlo, conociéndolo- que Iglesias se indigne tanto por lo que llama una "profunda indignidad" y un "repugnante" uso propio de la "baja política" del terrible caso de la explotación sexual de los menores tutelados en Baleares. Sorprende, o debería sorprender porque para la izquierda, y así lo mantiene desde hace casi un siglo, todo es política. Marx desligó de la polis la idea griega del hombre como animal político para ligarla a una interpretación de la realidad a partir de una ideología. Desde él hasta el eslogan del feminismo de los años 70 the personal is political, que daba una dimensión política a lo privado, afirmar que no todo es política suponía ser tachado de "apolítico de derechas".

Por eso debería sorprender que Iglesias considere que un caso tan hiriente no deba plantearse desde una perspectiva política. Puede hacerse desde muchas otras, pero lo propio de la izquierda es hacerlo exclusivamente desde esa dimensión política a lo que según su propia teoría todo se reduce. Dimensión política, según la izquierda, tiene la exclusión social de los menores de edad a causa de las injusticias estructurales que repercuten en la desintegración de la vida familiar. Dimensión política, según la izquierda, tienen las estructuras de opresión que se reproducen en el seno de las familias. Dimensión política, según la izquierda, tiene la intervención de las autoridades públicas reequilibrando estas situaciones y tutelando a los menores. Dimensión política, según la izquierda, tienen las estructuras burguesas y patriarcales de opresión y segregación que se ceban en los más vulnerables convirtiéndolos en mercancía sexual e instituyendo la prostitución sobre todo femenina que no respeta ni a los menores. Dimensión política, según la izquierda, tiene el hecho de que unos menores tutelados por una institución pública sean objeto de comercio sexual. Dimensión política, según la izquierda, tiene la investigación, castigo y erradicación de estos males.

El problema es que los hechos -la explotación sexual de al menos 16 menores tutelados- han tenido lugar en una comunidad gobernada por el PSOE y Podemos, por lo que ambos partidos, con Iglesias en cabeza, consideran indigno y ultrajante tratarlo desde su perspectiva política. Salvo que el Gobierno balear fuera del PP. Entonces sí sería legítimo hacerlo.

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