LAS centrales sindicales convocantes de la huelga general del 29 de septiembre contra la reforma laboral presentaron ayer su propuesta de servicios mínimos para el sector de los transportes públicos. Supondría que no circulasen más trenes que los de Cercanías, y con restricciones, y que tampoco hubiese vuelos internacionales, quedando los nacionales reducidos a uno de ida y otro de vuelta para cada trayecto. La propuesta deberá ser negociada con el Ministerio de Fomento, que, lógicamente, tratará de incrementar la frecuencia de trenes y aviones. La experiencia indica que el acuerdo entre las partes será muy difícil, ya que los sindicatos ponen el énfasis en el ejercicio del derecho constitucional a la huelga mientras que el Ejecutivo subraya sobre todo la necesidad de que la huelga no lesione los derechos de los ciudadanos cuya libertad de movimientos, tan constitucional como la de huelga, resultará dañada por la actuación de los huelguistas. Lo normal es que el desacuerdo entre sindicalistas y gobernantes termine en los tribunales, que suelen fallar tiempo después, incluso años después, de que la huelga se haya realizado, como ocurrió con la última huelga general convocada en tiempos del Gobierno Aznar. A esta situación se llega, una y otra vez, porque las fuerzas políticas y los sindicatos y empresarios han sido incapaces de desarrollar una ley de huelga prevista en la Constitución, aprobada en 1978, que regule, entre otros extremos, la fijación de los servicios mínimos en estos casos. Los perjuicios de esta indefinición son evidentes, y los pagan los ciudadanos no huelguistas, cuyos intereses se ven dañados, especialmente en sectores de carácter estratégico o de particular repercusión social, como el citado del transporte, la asistencia sanitaria o la educación. Esta asignatura pendiente de la democracia debería ser abordada sin dilación. Un país desarrollado ha de disponer de unas reglas de juego claras y nítidas a fin de que se puedan compatibilizar los derechos de unos y otros, que colisionan con frecuencia en las sociedades complejas y de intereses contradictorios entre los diversos agentes sociales que intervienen en su vida cotidiana.