MILES de sindicalistas de CCOO y UGT clamaban el jueves en Madrid por la dimisión de Zapatero a la misma hora en que el Congreso de los Diputados aprobaba la reforma laboral que ha llevado a ambos sindicatos a convocar una huelga general el próximo día 29. Fue la primera gran acción organizada por los líderes sindicales para caldear los ánimos de los trabajadores desde la convocatoria formal de la huelga. No obstante, es de destacar el contraste entre la sobreexcitación de los cuadros sindicales profesionalizados en estas vísperas del 29-S y el ambiente de calma con que se viven en la calle los preparativos de la huelga. El activismo de los sindicalistas se contrapone a la pasividad de los ciudadanos, entre los que pocos se manifiestan decididos partidarios de secundar el llamamiento a la huelga general. La indignación, constatable, de los asalariados tras el ajuste duro decretado por el Gobierno a partir del 9 de mayo, la congelación de las pensiones y las rebajas retributivas impuestas a los funcionarios y empleados públicos, más el recorte objetivo en las condiciones laborales que significa la reforma aprobada el jueves, se ve acompañada de cierta resignación colectiva, que detectan las encuestas. Una mayoría piensa que la reducción del nivel de vida como consecuencia de la crisis no tiene vuelta de hoja y que el Gobierno no va a dar marcha atrás en ningún caso, aunque el movimiento huelguístico fuera un éxito. A ello se une un creciente escepticismo sobre la labor de los grandes sindicatos. Su propia credibilidad se encuentra en entredicho, porque son contemplados como organizaciones mastodónticas, subvencionadas y con largos años de complacencia con el poder, cuyos planteamientos obsoletos les han llevado a no ocuparse decididamente de los colectivos más golpeados por la crisis, como los parados y los inmigrantes. La huelga que viene puede convertirse, en realidad, en una prueba de fuego para las centrales sindicales, más que para el Gobierno mismo. La huelga general del 29-S no va a hacer rectificar a un Zapatero que ya no está en condiciones de contrariar la política económica que le imponen la crisis y los mercados financieros, no va a arrumbar una reforma laboral imprescindible y va a causar un daño económico, el que sea, a un país, cuya pérdida de competitividad acaba de hacer pública la OCDE.