LA idea lanzada, con toda precaución y prudencia, por el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, de ampliar hasta los 18 años la edad de la enseñanza obligatoria ha sido recibida con un amplio apoyo por los sindicatos y patronales educativas y con renuencia por expertos y pedagogos en ejercicio. Y es que el proyecto, aún verde, tiene una conversación.

Aparentemente, todo lo que suponga extender los derechos sociales y aumentar el nivel de formación de los adolescentes y jóvenes ha de significar un progreso. El inconveniente está en que tal vez no sea esta extensión lo que nuestro sistema educativo necesite de manera prioritaria. Nuestros problemas más acuciantes, según los indicadores y la opinión general, son el fracaso escolar y el abandono prematuro de los estudios, con tasas que no bajan del 30% en ambos casos. No la cantidad de la enseñanza que se proporciona, sino su calidad.

No faltaremos mucho a la verdad si decimos que son pocos los alumnos que, una vez superada la actual etapa de enseñanza obligatoria, han de abandonar las aulas por motivos económicos o sociales. Con mayor o menor esfuerzo propio y familiar, todo el que quiere seguir puede seguir. Más bien quienes no continúan son los alumnos desmotivados, que si no lo han dejado antes ha sido precisamente por la obligatoriedad legal de estudiar -o acudir a clase- hasta cumplir los dieciséis años. Una parte de este colectivo pasa los últimos tiempos de su vida escolar a desgana, incordiando a los profesores y fastidiando a sus compañeros que sí quieren aprender. Si este sector ya molesta y desordena la tarea docente/discente en la que se ve involuntariamente involucrado entre los catorce y los dieciséis años, ¿qué cabe esperar de ellos si entre los dieciséis y los dieciocho se les obliga también a permanecer en institutos y colegios en los que con tanta persistencia demuestran no querer permanecer? Probablemente, más conflictos, menos disciplina, más fracaso y menos rendimiento del sistema de enseñanza en su conjunto.

Quizás más razonable que una extensión en el tiempo de la educación obligatoria sea prestigiar la formación profesional, que no tiene nada de humillante ni va en desdoro social del alumno, y diversificar las salidas que al llegar a los dieciséis se les abren a los estudiantes que por nada del mundo aceptan entrar en el bachillerato. Es verdad que prolongando su estancia en las aulas disminuiría automáticamente la cifra de paro de este segmento de la población, que, creo saber, supera a la mitad de la misma. Sería una fórmula artificial de disminuir el desempleo, y también un engaño colectivo. En fin, que el asunto tiene una conversación.

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