Algunas imprecisiones

Achacar a un recurso el retraso de licencias en el centro de Málaga es, cuanto menos, simple

Achacar a un recurso el retraso de licencias en el centro de Málaga es, cuanto menos, simple. Puede que valga para titular de una noticia, como publicó un medio de comunicación la semana pasada, pero enunciado en esos términos, no deja de ser inexacto.

Si 10 años después de que la Junta de Andalucía comunicara al Ayuntamiento la obligación de adaptar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del centro histórico, Pepri, éste solo ha conseguido aprobar un avance del documento, no parece razonable imputar el retraso en su tramitación al recurso que mantiene el Colegio de Arquitectos por la contratación de la actualización de su Catálogo. Una pequeña parte del mismo. El documento es más amplio que ese catálogo y desde 2014 no se ha tenido noticia de ningún avance. Pero, además, presentada la noticia desde la pretendida equidistancia de una "guerra de los arquitectos con el Ayuntamiento", ignora la obligación de la institución colegial de defender los intereses profesionales del colectivo, que en este caso no son otros que unos honorarios dignos. Como los que debe tener cualquier profesional, ya sea el trabajador de la Gerencia Municipal de Urbanismo que preparó el pliego de contratación o el redactor de cualquier periódico. Y, en cualquier caso, renuncia a analizar cuál es el problema de fondo. Al que parece que nos hemos resignado.

Según recoge la noticia haciéndose eco de las declaraciones del concejal de Urbanismo, los arquitectos no pueden quejarse del retraso porque es su recurso lo que impide la aprobación del PEPRI, y está, que las licencias no las tenga que informar Cultura y tarden una eternidad. Esto podría ser cierto si en el resto de la ciudad las licencias fuesen a velocidad de crucero. Aunque no le quitaría razones para quejarse a los promotores, que no han puesto el recurso y son los verdaderos perjudicados. Pero, en cualquier caso, el argumento esconde el verdadero problema. Y es que, mientras que no se actualice el Pepri, se transfieran a la GMU las competencias para informar y se agilicen los trámites, estas competencias recaen sobre la administración a las que el Estatuto de Autonomía se las ha atribuido, la propia Junta de Andalucía. Y esta no puede asumirlas al mismo tiempo que renuncia a dotarse de los medios para ejercerlas con la diligencia que le debe al administrado. Lo que aún es más grave cuando estas carencias no solo se dan en Cultura.

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