LA economía española se encuentra en un momento extremadamente difícil y con resultados desalentadores, y especialmente la andaluza, con niveles de desempleo dramáticos que rondan el 30%.

La sociedad debe ser consciente de que sólo se podrá salir de la crisis si creamos muchas y competitivas empresas, si cambiamos nuestra percepción de los empresarios y si deja de estar mal visto ese emprendedor que arriesga su patrimonio y sólo tiene recompensa si el negocio va bien.

Según el Informe Doing Bussines 2011, España ocupa el puesto nº 147 a nivel mundial en cuanto a facilidad para crear una nueva empresa. En Andalucía existe además una dificultad añadida debido a la compleja legislación y las trabas burocráticas.

Es fundamental la reestructuración de las administraciones públicas, con el fin de facilitar la creación de empresas y, por tanto, la creación de empleo. La simplificación administrativa y el cambio normativo en profundidad fomentarían la creación de nuevas empresas y el desarrollo de las existentes, claves necesarias para el progreso de Andalucía. Cuesta trabajo comprender el desfase entre los recursos invertidos en publicidad y en multitud de "centros de apoyo al desarrollo empresarial" por parte de las administraciones, frente a los recursos dedicados a facilitar la puesta en marcha de una nueva empresa y a la agilización de los trámites administrativos.

La agricultura y ganadería ecológica andaluza ha experimentado en los últimos años un crecimiento importante, tanto en superficie como en número de productores, suponiendo la superficie en agricultura ecológica de Andalucía el 53,3 % de España, un dato que sitúa Andalucía como líder de la producción ecológica a nivel europeo. Sin embargo, el número de industrias transformadoras y elaboradoras de productos ecológicos no ha crecido de manera proporcional al número de productores. Nuestro interés por seguir avanzando nos lleva a fijar retos para el futuro, entre los que destacamos la necesidad de desarrollar el mercado interno e incorporar mayor valor añadido a nuestros productos, siendo para ello fundamental impulsar la elaboración y comercialización de los productos a través de un adecuado sector empresarial.

Si bien es cierto que en los tiempos que corren, llenos de desconfianza y miedo, optar por emprender es ya de por sí un reto, no es lógico complicarlo aún más, si cabe, con una burocracia excesiva que no distingue, por sus niveles de riesgos asociados, entre las pymes alimentarias (tan importantes en Andalucía) y la gran industria. La presentación de ingente cantidad de documentos, compulsas, el uso de distintos programas informáticos poco ergonómicos, multitud de viajes a ventanillas dispersas en el territorio y un largo etcétera suponen para el emprendedor invertir mucho tiempo, precisamente su recurso más valioso.

Tras conocer la experiencia y dificultades de emprendedores vinculados con iniciativas de industrias agroalimentarias, parece evidente que la Administración desconoce los efectos de sus propios actos, no tiene suficientemente interiorizada la problemática existente y esto le impide actuar para eliminar esta barrera.

Apostamos por sustituir el uso de las licencias y las autorizaciones previas por otros instrumentos como la declaración responsable o las comunicaciones previas por parte del empresario. En definitiva, sustituir el régimen de licencias a priori, por otro de control a posteriori, que incluya las sanciones que procedan a aquellos empresarios que no cumplan los compromisos adquiridos, y así acortar plazos y reducir sobrecostes.

También agilizaría la puesta en marcha de una empresa la centralización de ventanillas e interlocutores donde se resuelvan los distintos trámites administrativos, tanto como sea posible. El uso adecuado de las TIC podría ofrecer a los ayuntamientos una solución para facilitar a los empresarios en un único punto todos los trámites necesarios para la obtención de las respectivas autorizaciones, licencias, pago de tasas…

Son las administraciones locales, fundamentalmente, las que necesitan apoyo desde los servicios centrales autonómicos para manejarse con soltura ante la confusa y abrumadora legislación existente que proviene de una interminable lista de disposiciones locales, autonómicas, estatales y comunitarias, con el fin de que éstas puedan atender correctamente al emprendedor y se eviten trámites erróneos o innecesarios.

Mejorar la calidad de la legislación que atañe a la implantación de empresas, siguiendo las recomendaciones dictadas recientemente por el Parlamento Europeo. Y en este sentido, hacer una nueva revisión del anexo 1 de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en el que están caracterizadas las actividades económicas y los instrumentos administrativos que se aplican a cada una de ellas, considerando cómo afectan a la pequeña industria agroalimentaria. Los requisitos y condiciones técnicas exigidas deben ser proporcionales a la dimensión de la explotación, al volumen de la producción y al riesgo asociado. Consideramos importante que se reconozca e identifique a la empresa familiar como entidad con una serie de características propias y diferenciadas.