EL Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto una nueva causa contra el alcalde de Marinaleda y diputado de Izquierda Unida, Juan Manuel Sánchez Gordillo, por un presunto delito de usurpación que habría cometido al ocupar la finca Las Turquillas, en el término municipal de Osuna, donde se ubica la Yeguada Militar. El líder izquierdista tendrá que declarar ante el TSJA el próximo 4 de abril en este proceso en el que también están imputados otras 53 personas, militantes o simpatizantes como él del Sindicato Andaluz de Trabajadores. La ocupación de la finca, que formaba parte de las movilizaciones jornaleras del pasado verano y duró dieciocho días, tuvo lugar en julio de 2012 y su objetivo era reclamar que la mayor parte de la explotación que no es usada por el Ejército saliera a concurso para ser entregada a cooperativas de trabajadores. Esta nueva causa sucede al archivo por el propio TSJA de la que se instruyó contra el propio Gordillo por su protagonismo en la actuación coactiva de un piquete contra un supermercado de Estepa durante la huelga general convocada por los sindicatos en marzo del año pasado. El sorprendente auto del magistrado que llevaba las diligencias fue recurrido en su momento por la Fiscalía del TSJA. La imputación conocida ayer por la ocupación ilegal de la finca propiedad del Ministerio de Defensa viene a imponer racionalidad a las actividades del singular alcalde, que lleva muchos años saltándose la ley a la torera -por ejemplo, el derecho de propiedad y la seguridad jurídica- al socaire de reivindicaciones que aparentan ser puramente laborales pero que, en realidad, son una manifestación expresa contra el sistema democrático. Si todos los ciudadanos son sujetos de derechos y deberes y han de atenerse en su comportamiento a la legalidad vigente, no se comprende la excepcionalidad pretendida por Gordillo, Cañamero y sus fieles seguidores. Al contrario, un cargo público doblemente electo, que es a la vez alcalde y diputado autonómico, está más obligado que nadie a cumplir y hacer cumplir la ley. Durante muchos años el regidor de Marinaleda ha hecho de mangas capirotes con las normas jurídicas que a todos comprometen, de modo que el proceso que le ha abierto el más Alto Tribunal de Andalucía supone un ejercicio de vuelta a la normalidad. Sánchez Gordillo cuenta con todas las garantías jurídicas que le aseguren un juicio justo que habrá de determinar si su conducta constituyó un ilícito penal. Y si es así, el TSJA tendrá que aplicarle el mismo código que a cualquier otro ciudadano. Su pensamiento utópico y autoritario no puede librarlo del cumplimiento de la legalidad. En ningún caso.