Editorial

Los incendios forestales, un problema ibérico

LAS altas temperaturas que se han registrado durante todo el verano han provocado numerosos incendios forestales diseminados por toda la geografía ibérica. Una vez más la sociedad ha tenido que ver impotente como ardían miles de hectáreas (cerca de 5.000 en las últimas horas en Orense) que tardarán décadas en recuperarse y que estarán preocupantemente expuestas a la erosión, con el consiguiente peligro de desertización. Aparte están las graves pérdidas económicas y los daños emocionales en la población provocados por la desaparición de paisajes históricos.

No queremos hacer un discurso catastrofista. En las últimas décadas, España ha avanzado mucho en los medios y las técnicas para luchar contra los incendios forestales. Además de los servicios para tal fin de las comunidades autónomas, hay que destacar también la importancia de la relativamente moderna Unidad Militar de Emergencias (UME), cuerpo creado por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha supuesto todo un acierto por la profesionalidad, disciplina y movilidad de sus componentes.

Sin embargo, queda mucho por avanzar, tanto en iniciativas legislativas para impedir que un incendio forestal pueda resultar lucrativo para alguien como en el control de los pirómanos, personajes que por distintos motivos -patológicos o no- suelen estar detrás de muchos de es estos incendios. Además, hay que mejorar la coordinación, incluso unificar si es preciso, los diferentes servicios autonómicos de lucha contra los incendios forestales, no sólo los españoles, sino también los portugueses. Si algo ha quedado claro en los últimos tiempos es que el fuego en nuestros montes es un problema ibérico. Los dos países debemos estar estrechamente unidos para combatirlo con la mayor eficacia posible.

Si se cumplen todas las previsiones científicas y en los próximos tiempos asistimos a un aumento de los fenómenos climáticos extremos -entre ellos, las olas de calor-, el peligro de incendios forestales será cada vez mayor en la Península Ibérica. Por tanto, nos tenemos que dotar de herramientas humanas, materiales y legislativas que nos permitan reducir en lo posible esta lacra. Nuestro país está gravemente amenazado por la desertización y es obligación de las administraciones públicas poner todos los medios a su alcance para evitarla y no dejar a las siguientes generaciones un mundo yermo y calcinado.

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