Resulta sorprendente que, al mismo tiempo que nuestros más altos mandatarios recomiendan la transformación de nuestra economía en otra más basada en el conocimiento como receta para sacar al país de la crisis económica en que está inmerso, cada nueva medida de la Consejería de Educación andaluza apunta en el sentido exactamente contrario. Y esto resulta especialmente grave si tenemos en cuenta que Andalucía presenta en Secundaria los peores resultados académicos de España y está por debajo de la media nacional en cuanto a número de universitarios y a formación de sus trabajadores.

Veamos, por ejemplo, las últimas innovaciones que los expertos pedagógicos de la Consejería han ideado para mejorar el rendimiento de nuestro Bachillerato que, por cierto, es el más corto de Europa -dos cursos- y ha perdido un 40% de alumnos en los últimos diez años.

Se establece una evaluación inicial en cada curso, se obliga a los profesores a escribir un informe para cada alumno que suspenda su asignatura y se incluyen como criterio de evaluación "las posibilidades de progreso en estudios superiores". Las dos primeras medidas no son sino la extensión al Bachillerato de lo que ya ha mostrado reiteradamente su ineficacia en la ESO; la tercera fuerza al profesor a un ejercicio de adivinación al margen de cualquier prueba objetiva.

Se obliga a los centros a establecer procedimientos de participación en el proceso de evaluación para padres y alumnos. Es decir, que se otorga el derecho de intervenir en la decisión de aprobar o no a un alumno al propio alumno o a sus padres, personas que en la mayoría de los casos carecerán de la menor capacitación al respecto, pero que tendrán un evidente interés en el aprobado.

Se permite a los alumnos con tres o cuatro asignaturas suspensas en primero no repetir curso, sino matricularse solamente en ellas y en algunas más de segundo. Con ello, se fomenta la noción de que es normal tomarse tres años para concluir el Bachillerato, desperdiciando al mismo tiempo la posibilidad de alargar éste a tres cursos. Y recordemos que las universidades se están viendo ya obligadas a realizar cursos previos para los nuevos alumnos por el bajísimo nivel de conocimientos con que llegan. Por no hablar de las dificultades que esto añade a la organización de los horarios de los dos cursos del Bachillerato, que ahora habrán de ser compatibles para los alumnos a caballo entre ambos.

En suma, que la preocupación por el conocimiento no aparece por ninguna parte, ni tampoco el fomento de esa "cultura del esfuerzo" que el presidente Zapatero, hará un par de años, nos pedía a los profesores extender entre nuestros alumnos. Estas medidas fomentan más bien todo lo contrario: la falta de esfuerzo intelectual y la instalación en la queja permanente de los alumnos y padres más proclives a ejercer presión sobre los profesores que a estudiar o a imponer disciplina a sus vástagos. Además, penalizan al profesor que intente mantener el nivel de exigencia de su asignatura, que ahora se verá obligado a elaborar informes justificando cada "no aprobado", cuando ya existen procedimientos suficientes de reclamación para garantizar la objetividad de toda calificación.

Así pues, la Consejería de Educación parece decidida a proseguir con la misma política que ha conducido a la enseñanza en Andalucía a sus desastrosos niveles actuales, extendiéndola ahora, además, a niveles académicos superiores. La idea central, si no única, de esta política parece ser la de forzar a los docentes a aprobar a los alumnos independientemente de los conocimientos alcanzados. Los resultados, a la vista están: el bajísimo nivel con que los chavales salen de la ESO los disuade de abordar el Bachillerato, que pierde cada nuevo curso más alumnos.

La innovadora solución que proponen los pedagogos de la Consejería no puede ser más original: ejercer también en bachillerato las mismas presiones para fomentar el aprobado sobre los profesores. Tal vez, aunque lo dudo, logren con esto incrementar el número de alumnos que consiguen el título de bachiller, pero en todo caso serán bachilleres carentes de los conocimientos necesarios para abordar una carrera universitaria o para desempeñar cualquier trabajo que requiera un cierto nivel intelectual.

El facilismo pedagógico, que tantos daños ha ocasionado en la formación de nuestros jóvenes, pretende de nuevo ignorar el principio de realidad, e intenta infantilizar el bachillerato para camuflar una vez más sus lamentables logros. En la difícil situación económica actual, esto es un paso seguro hacia el desastre.