Sorprende que entre las medidas que barajan los hosteleros para presionar al Ayuntamiento contra la delimitación de zonas acústicamente saturadas en el centro figure una huelga a la japonesa, con los establecimientos abiertos a diestro y siniestro las veinticuatro horas, terrazas incluidas, para que los vecinos se enteren de lo que es bueno. Digo que sorprende porque no creo que en tal caso ni los vecinos ni nadie notaran mucho la diferencia: el fiestón en que se ha convertido Málaga, no ya los fines de semana, sino cualquier martes de guardar, mantiene tal nivel de ebullición que en ciertos rincones cuesta distinguir la noche del día. Y, desde luego, los turistas, que de esto se trata, o más concretamente los turistas que parece preferir esta ciudad, lo agradecerían encantados, no pares, sigue sigue. Ya no se habla tanto de trasladar la Feria a septiembre, pero sí, aunque no en estos términos, de la Feria que dura todo el año. Si le añadimos una procesión cada fin de semana y algún otro evento de marketing que permita ocupar la calle Larios y la Plaza de la Constitución, ya está hecho. Una huelga a la japonesa es lo que ya tenemos, de modo que no sé hasta qué punto supondría una medida de presión. En todo caso, resulta curioso que un sector esencial de la ciudad al que se le ha permitido ocupar espacios públicos y enclaves históricos arrebatados a los probos peatones se plante para exigir al alcalde que incumpla una ley. O que se saque de la manga una ley a su medida, lo que vendría a ser lo mismo. Más aún cuando el Ayuntamiento ya hizo las mediciones para la determinación de las zonas saturadas hace dos años y desde entonces ha ido retrasando la aplicación de la susodicha ley sin decir esta boca es mía, tú calla, a ver si nadie se entera. Y más aún todavía cuando el Ayuntamiento ha venido incumpliendo no ya la ley, sino su propia ordenanza municipal sobre ruidos, que ya en 2009 contemplaba la figura de las zonas acústicamente saturadas. Exactamente, ¿qué más quieren?

Lo que resulta más descabellado aún es el argumento de que la ley merece ser incumplida porque el sector hostelero crea mucho empleo. Por la misma razón, entonces, se podría someter a la esclavitud a un tercio de la población para que construya a marchas forzadas las infraestructuras pendientes, con lo que bajaría notablemente el paro aunque, vaya por Dios, la esclavitud esté prohibida y sancionada por la Constitución. El empleo es desde luego una cuestión fundamental, pero emplearlo como piedra arrojadiza con el propósito de que el Consistorio desobedezca una ley no es muy de recibo en una sociedad democrática. La amenaza de los vecinos con denunciar a De la Torre si rebaja la aplicación de la normativa puede parecer exagerada, pero no son ellos quienes infringen la ley, sino precisamente quienes padecen las consecuencias del retraso a la hora de aplicarla. El estallido turístico corría el riesgo de salirse por los bordes, y aquí está. Burbuja, lo llaman.