La independencia judicial es un elemento central en cualquier democracia pero no puede convertirse en un dogma sin exigencia de demostración y apariencia. La justicia, como toda actividad pública, está también obligada por el principio de la mujer del Cesar sobre el ser y el parecer, y por tanto también los magistrados están obligados a guardar las formas y a procurar que su independencia e imparcialidad además de serlo también lo parezca. Y lo cierto es que en una resolución judicial que va a tener inmediatas e inevitables repercusiones políticas deberían extremarse estas circunstancias y evitar malentendidos o torcidas intenciones. Por eso sorprende que el auto sobre la propuesta de inculpación del vicepresidente Iglesias haya coincidido con un acto de evidente repercusión política como fue la presentación del plan de recuperación económica largamente anunciado. La coincidencia puede que tan solo sea eso, pero la mejor forma de evitar otras interpretaciones es precisamente hacer exactamente lo contrario: no coincidir y salvaguardar así la imagen de la justicia.

Pero, además, esta decisión judicial llega en el momento de especial fragilidad de la justicia, con una oposición que se niega a cumplir con la obligación constitucional de intentar acordar la renovación del órgano de gobierno de los jueces y con un CGPJ que intenta prorrogar su mandato con escasa legitimidad y se decide a nombrar entre otros al responsable de la sala de lo Penal que, casualmente, es el que tendrá que entender en su día de la propuesta de imputación de Pablo Iglesias.

Para cerrar este lamentable círculo nos encontramos con el ridículo y reiterado espectáculo de responsables políticos que hasta ayer exigían el respeto a la presunción de inocencia y que hoy piden la inmediata hoguera y horca política para el encausado. Y, al contrario, los que defendieron la inmediata repercusión política de las resoluciones judiciales como causa automática de dimisión son los que ahora esgrimen la presunción de inocencia como elemento central de su defensa. Tampoco este baile de disfraces políticos a los que desgraciadamente estamos acostumbrados, favorecen la imagen de una justicia. La imagen de independencia del poder judicial está sufriendo un maltrato que viene por la vía de las coincidencias evitables, los mandatos artificialmente prorrogados, los nombramientos forzados y el uso torticero de las resoluciones judiciales como munición política. Ni unos ni otros parecen querer evitarlo.