El triciclo

Javier Cintora

El ladrillo que mancha

Marbella fue la cuna del monstruo de la corrupción urbanística. El espejo en el que se miraron muchos alcaldes de la provincia atraídos por el cóctel formado por el poder, la política y el ladrillo. Una fórmula perfecta en la que términos como prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias se apoderaron del lenguaje municipal al amparo de convenios urbanísticos municipales de dudosa legalidad. Ya en el año 2005 la Junta de Andalucía alertó de que las ramificaciones marbellíes se estaban extendiendo por los municipios del interior y por la Axarquía. Cuatro años después de aquella denuncia, al menos 30 ayuntamientos de Málaga mantienen abierto algún procedimiento judicial relacionado con su gestión pública.

Como si de un poderoso virus se tratara, el urbanismo se ha convertido en una tentación secular para políticos y gestores sin escrúpulos porque los ayuntamientos necesitan recursos y el suelo es el patrimonio más lucrativo que tienen a su disposición. Bajo esa premisa muchos alcaldes han sentado las bases de operaciones urbanísticas en la que sólo tenían que mirar para otro lado o autorizar una edificación distinta a la que permitía la licencia, es decir, construir por ejemplo un chalé con el permiso de una casa de apero. Esta semana le tocó el turno a Almogía, un pequeño municipio de unos 4.000 habitantes, que veía cómo la Guardia Civil tomaba el Ayuntamiento ante el estupor de los vecinos. Alcaucín, Almogía, Casabermeja, Colmenar, Canillas de Albaida son algunos de los municipios objetos de investigaciones por parte de la Guardia Civil en su escrupuloso plan para revisar por orden alfabético el urbanismo de toda la provincia. ¿Cuántos casos se destaparán hasta que la ruleta del urbanismo ilegal se detenga en la z?

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