ÉSTE es el tercer artículo que publico con este título; uno, en agosto de 2002, y escribo: "Se trata de corregir el déficit de presencia de mujeres en el nivel de representatividad parlamentaria, en el lugar en el que se toman las más importantes decisiones políticas". El segundo, de febrero de 2005, con motivo de la reforma parcial de la ley electoral de Andalucía, aprobada en abril del mismo año, modificándola para introducir lo que se conoce como listas cremallera, que mandata a que en las candidaturas haya alternancia entre hombres y mujeres; a la misma, el PP presentó recurso de inconstitucionalidad, porque decía, por ejemplo, en boca de su portavoz parlamentaria, Esperanza Oña, "que es una norma elitista y que no aborda el problema real de la lucha de la igualdad de la mujer". Pues bien, en 2011, el Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso del PP y avalado la constitucionalidad de la norma por entender, precisamente, que "se orienta a la consecución de la igualdad real y efectiva en el ámbito de la representación política… instaurando la fórmula igualitaria y rigurosamente alternativa de ambos sexos".

Lo relevante, con ser mucho, no es sólo la sentencia, sino la actitud del PP con todas las leyes igualitarias, o de ampliación de derechos, que siempre son objeto de recurso ante el TC; empezó, en 1983, con la ley de interrupción voluntaria del embarazo que hasta dos años más tarde no pudo entrar en vigor, porque entonces existía el recurso previo de inconstitucionalidad, que paralizaba la entrada en vigor de las leyes recurridas, y hoy, casi 30 años después, Rajoy dice que si gobierna derogará la ley vigente, también recurrida en el TC, para volver a la de 1985, cuyo recurso también perdieron.

Lo mismo han hecho con otras leyes: igualdad efectiva entre mujeres y hombres, matrimonio entre personas del mismo sexo... hasta ahora el TC no les ha dado la razón nunca, y se está consolidado una doctrina en defensa de esa igualdad que tanto molesta a algunos neomachistas que jalean manifestaciones contra el terrorismo de ETA, y, sin embargo, no parpadean cuando personas repugnantes escriben justificando el terrorismo contra las mujeres.

He expresado siempre mi opinión libremente, cuando, con cargo público, me dedicaba exclusivamente a la política, y hoy, consejera electiva de Estado, sin ninguna incompatibilidad para el ejercicio de legítimas actividades privadas, sigo haciéndolo, aunque a algunos no les guste; siempre he dicho lo que pienso, sin intentar el agrado generalizado, y estoy profundamente convencida de que no todo vale ni en la vida ni en la política.