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Alto y claro

José Antonio Carrizosa

jacarrizosa@grupojoly.com

Tres males

El comienzo de esta extraña legislatura agudiza los problemas que España arrastra desde la Transición

Desde los comienzos de la Transición -más de 40 años ya- la democracia española arrastra tres males que lastran su calidad y que hacen de freno al desarrollo del país. El primero es la falta de un consenso de Estado sobre la educación, el segundo es la politización de la Justicia o la judicialización de la política, que tanto monta. Y el tercero, pero no el menos importante, la imposibilidad de articular un modelo territorial donde todos puedan sentirse cómodos y representados. A lo largo de la historia, los tres se han manifestado de forma constante, aunque unas veces con más virulencia que otras.

Ahora, en las últimas semanas, se está produciendo un fenómeno que no es nuevo pero que sí se presenta con especial intensidad: la actuación en simultáneo de los tres problemas superpuestos unos a otros hasta hacer el ambiente irrespirable. Es consecuencia de esta peculiar legislatura que acabamos de estrenar en la que nos gobierna una extraña criatura de tres cabezas -socialista, comunista y separatista- con dificultades para entenderse con ella misma y con el resto del país. Sólo esta situación explica una polémica en el fondo y en la superficie tan tontorrona como la del llamado pin parental y sobre la propiedad de los hijos. Una discusión azuzada desde el Ministerio de Educación con la inestimable colaboración del partido de la derecha más radical, que tiene justos motivos para sentirse crecido. En cualquier país negar a los padres el derecho a decidir sobre la educación en valores morales no se entendería. Tampoco aquí donde llevamos décadas decidiendo si nuestros hijos asisten o no a las clases de religión y firmando autorizaciones para todo tipo de actividades extraescolares.

También la situación que vivimos y la falta de pudor democrático que ella provoca explica la instrumentalización de la Justicia para fines políticos. No otra cosa es la operación de Pedro Sánchez en la Fiscalía General del Estado, clave en los próximos meses para pagar al separatismo catalán el peaje de la investidura. El mismo peaje que explica que el presidente de vaya a ir a Barcelona para hacerse una foto con el que hasta justo antes de las elecciones era para él un racista y un xenófobo que desafiaba el orden constitucional un día sí y otro también.

Así vamos, arrastrando los viejos problemas de siempre sin ser capaces de solucionarlos o, por lo menos, encauzarlos. Una falta de soluciones que alejan a la gente de la política y que hacen, como decía Jerónimo Páez el domingo en este periódico, que tengamos el convencimiento de vivir "en un viejo país, de nuevo desgarrado".

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