La primera vez que fui al Festival de Música y Danza de Úbeda me sorprendió encontrar en un programa de mano un amplio listado de patrocinadores y entidades colaboradoras, desde los bancos hasta la pizzería de la esquina, que apoyaban la causa en función de sus posibilidades. Siempre he pensado que con una nómina semejante de contribuyentes, seguramente Málaga no habría perdido algunos de sus festivales de música más importantes en la última década. Pero resulta paradójico que en un territorio tan pujante como la Costa del Sol, motor económico de Andalucía y nido fértil de creación de empresas, por no hablar de las que deciden instalarse aquí para ampliar sus negocios, la implicación privada en el sector cultural sea tan restringida, esporádica y, sobre todo, tan resistente a la incorporación de nuevos aliados, más allá de las instituciones financieras y las fundaciones cuya visibilidad es desde hace años notoria en este sentido. Existe todo un tejido industrial, no necesariamente de gran alcance, que fácilmente podría contribuir al desarrollo de actividades culturales y que decide no hacerlo, en principio porque no existe una normativa que compense este compromiso (que ni España ni Andalucía hayan sido capaces de sacar adelante las anunciadas leyes de mecenazgo debe entenderse como un fracaso estrepitoso) pero también, quizá, porque nadie le ha invitado a hacerlo. Es cierto que un instrumento fiscal favorable a la inversión en cultura sigue siendo imprescindible, porque nadie en su sano juicio va a ir por ahí pidiendo a los empresarios que arriesguen su dinero por el bien de la cultura; pero también lo es que resulta difícil justificar la inexistencia de puentes entre un núcleo de creación de economía y empleo como el PTA y la mucha oferta cultural que Málaga genera en cualquier época del año. Hay aquí retornos que deberían darse y no se dan y todo esto se traduce no sólo en el endeudamiento público que conocemos, sino en oportunidades perdidas.

En este sentido, entiendo los motivos que pueden conducir a partidos como Málaga para la Gente y Málaga Ahora a reclamar, dentro de su respaldo al proyecto del Auditorio, una naturaleza exclusivamente pública para el mismo. Pero creo que una cosa es la definición del equipamiento como espacio público, en tanto que abierto, accesible y disponible siempre para todos; y otra que su financiación tenga que proceder de las arcas públicas hasta el último céntimo para evitar tentaciones de patrimonialización personal. Entiendo que, precisamente, la disposición de beneficios fiscales facilitaría la disipación de estas tentaciones. Pero lo que finalmente permitiría combinar la entrada en juego de dinero privado con la consignación de un Auditorio público en sus formas y alcances es una determinación política en la búsqueda de fórmulas que lo hagan posible. Sin olvidar que aquí el primer mecenas sería, directa e indirectamente, el público. Y quien manda, manda.