LAS críticas que ha suscitado la propuesta de construir un hotel en el pasillo de Atocha, que sobrepasa los límites de altura autorizados por el Plan Especial del Centro, pertenecen a ese tipo de polémicas que nos hacen ver el todo a través de la parte. Tan sólo conozco el asunto a través de los medios de comunicación, por lo que mi opinión sobre sus aspectos fundamentales es sin duda superficial. Sin embargo, la cuestión de fondo que plantea esta discusión es sobradamente conocida. Si la propuesta de Moneo es tan buena como se debe esperar de un Premio Pritzker y resuelve adecuadamente las complejidades urbanísticas que plantea esa esquina privilegiada de la ciudad, lo que verdaderamente debería preocuparnos no es que el proyecto sobrepase el límite de alturas del Pepri, sino que las rigideces de esta normativa impidan aplicar a problemas difíciles soluciones brillantes. Quizás lo más interesante de este asunto es que deja entrever la respuesta a una pregunta que los malagueños nos hacemos: ¿por qué, a pesar de algunas sobresaliente intervenciones públicas después de más un cuarto de siglo de políticas de protección, la mayor parte del centro histórico de Málaga agoniza?

Barcelona, ciudad de un urbanismo ejemplar, ha invertido mucho dinero público en intervenciones para rescatar de la ruina algunos de sus más característicos barrios históricos. Si el Ayuntamiento de Málaga tuviese dinero y capacidad de gestión para acometer actuaciones similares, el paisaje devastador de una buena parte de la ciudad histórica sería una prueba irrefutable del fracaso de sus gestores. Pero ni esto es la capital catalana, ni tenemos la potencia urbanística, ni los recursos de aquel Ayuntamiento. Por ello, la política municipal de nuestra ciudad debe otorgar un papel decisivo a la iniciativa privada en sus estrategias de recuperación del centro histórico. Puede que este periodo de crisis sea el momento de reflexionar y debatir -el proyecto de Moneo es una excelente oportunidad- sobre la dificultad de conciliar el interés empresarial con un sistema de políticas conservacionistas que, al menos entre nosotros, no han funcionado. La realidad nos muestra que, como ocurre con el cariño, hay formas de proteger que matan. Convendría, tras casi dos décadas de vigencia del vigente Pepri, analizar las causas que han impedido un razonable cumplimiento de los objetivos que el propio plan plantea. Aunque quizás el verdadero problema sea una cierta tendencia administrativa a considerar que lo relevante es tener un plan y el hecho de que sea o no viable no deja de ser, desde ese mismo punto de vista, un asunto menor. Y es que en estos años hemos sido exhaustivamente informados de los efectos devastadores del mal (la corrupción, la especulación, las ilegalidades, etc.) en ciudades y territorios. Quizás ha llegado el momento de preguntarnos también por los estragos urbanísticos que en ocasiones causan las mejores intenciones.