EL multitudinario acto celebrado por la Iglesia Católica en defensa de la familia ha suscitado una agria polémica por la naturaleza política, al incluir en su programa un acalorado mitin en el que intervinieron altas jerarquías católicas. Es evidente que los obispos tienen todo el derecho a expresar sus opiniones y a valorar el contenido de las leyes que regulan aspectos importantes de la vida de los españoles. Pero si tal cosa nadie las cuestiona, ¿por qué se han producido reacciones tan airadas? Probablemente para encontrar la respuesta, más que en los hechos concretos, haya que apelar al subconsciente colectivo. Lo que no pueden ignorar los obispos es que cuando los españoles vemos a la jerarquía católica tan agitada, inevitablemente vemos a uno de los poderes fácticos que ha determinado nuestra historia (esa que según el poeta es la más triste de todas las historias). No es difícil imaginar a los mismos cardenales que protagonizaron el mitin, portando el palio bajo el que pasearon al dictador; o que hablar de la iglesia católica española inevitablemente sugiere términos como inquisición, integrismo, nacional-catolicismo, etc. Los que vivimos los años difíciles del franquismo no podemos olvidar cómo nos imponían férreamente su moral, llegando al extremo de decidir qué libros podíamos leer o qué películas ver, mientras cerraba los ojos ante la brutal represión del franquismo. Teniendo en cuenta tales credenciales, obispos y cardenales deberían entender que carecen de autoridad moral para dar lecciones a los españoles de democracia o de derechos humanos. Y por lo tanto, las reacciones a sus alocuciones no hay que situarlas tanto en el terreno del ejercicio de sus derechos civiles de hoy, que obviamente los tienen, sino en el abrumador peso de su historia.

Podemos comprender la dificultad de la jerarquía católica para adaptarse, por su falta de hábito, a un contexto en el que ya no poseen el monopolio de dictar la moral pública. En la España democrática, con un Estado aconfesional, la moral de las leyes la determina la Constitución; y es a la luz de los valores contenidos en la misma, y no en los criterios morales de una fe religiosa, como hay que juzgar su conveniencia o no. Es el Tribunal Constitucional y no la Conferencia Episcopal, quien tiene que juzgar si las leyes que regulan determinados aspectos de nuestra vida se atienen o no a esos principios. Además, no es verdad que la familia esté en crisis, lo que sí lo está es el modelo que de ella defiende el integrismo católico. El peligro para la familia no procede de las leyes democráticas, sino de otras cuestiones como la violencia que se ejerce en su seno, las condiciones socioeconómicas, etc. Los nuevos modelos familiares no son consecuencia de la imposición ideológica de ningún partido, sino de los cambios sociales a los que la jerarquía católica española se obstina en permanecer ajena.