Según pasan los días, las horas más bien, vamos siendo más conscientes de la dimensión de la crisis del Coronavirus. Desconocemos el alcance de su onda expansiva. Aunque lo importante ahora es mantener la unidad, con la esperanza de que saldremos de esta más pronto que tarde. Pero, aunque en estos días extraños la realidad parece suspendida, la vida sigue: por el momento en que se han producido, las recientes declaraciones de Torra, y de otros dirigentes independentistas, no pueden resultar más ofensivas e indignantes. Otro ejercicio de deslealtad que pone de nuevo de manifiesto que el problema del independentismo es esencialmente una cuestión moral, antes que política. Sostiene Ángela Merkel que: "desde la Segunda Guerra Mundial no se había planteado ningún otro desafío en el que todo dependiera de nuestra actuación solidaria y mancomunada". Siguiendo ese razonamiento, en estos momentos, avivar la división y la confrontación entre instituciones y entre ciudadanos es convertirse en cómplice del covid19.

Por otra parte, si no teníamos suficiente, también nos ha surgido una crisis que afecta a la corona. Resulta desmoralizador leer, desde el confinamiento, las noticias sobre el padre del rey. Pero habrá que esperar a que los indicios se confirmen y, si procede, a que actúe la justicia en consecuencia. Sin olvidar que, como ciudadano, Juan Carlos merece un juicio justo, no ser apaleado en la plaza pública. Tampoco es el mejor momento para abrir debates divisorios y pocos lo son tanto como la cuestión monárquica. Hay un legítimo sentimiento republicano arraigado en determinados sectores de la sociedad. En sentido contrario se me ocurren dos argumentos objetivos: entre las veinte mejores democracias, según todos los índices, están todas las monarquías parlamentarias que en el mundo son, incluida la nuestra; y que el actual sistema ha funcionado con éxito en este medio siglo de democracia. No parece, por otra parte, muy oportuno aprovechar el desasosiego ciudadano para incitar a caceroladas, sobre todo, si se hace desde una vicepresidencia del gobierno. Es muy legítimo defender la república, pero sin olvidar que la España de hoy no es la del 31 y que un cambio de tanta trascendencia constitucional exige amplios consensos políticos y ciudadanos. Añadir, además, este problemático asunto al territorial nos conduciría a una crisis política e institucional de incalculables consecuencias. No es el momento.