Uno de los principios que rigen las matemáticas, y por ende la Estadística, es su exactitud. Lo cual significa que, ante una misma fórmula e igualdad de datos de entrada, se producen similares soluciones, independientemente de la persona que realice los cálculos. Esto es difícil de entender para los que algunos indicadores económicos les son contraproducentes pero sólo hay dos alternativas: o mejoramos las decisiones económicas o dejamos de ofrecer resultados. Evidentemente los valientes deben asumir la primera estrategia, dejando para los demás los ceses, dimisiones y manipulaciones. Y el problema es que no estamos en una época de líderes con valentía.

El cese del presidente del Instituto Nacional de Estadística es una muestra más de este descontrol económico que vivimos. Las críticas por sus cálculos del Producto Interior Bruto (PIB) y del Índice de Precios al Consumo (IPC) son de una ignorancia supina. Todos los centros de datos europeos siguen las pautas de Eurostat, para poder consensuar así una única medición de estas variables y comparar homogéneamente la situación de los diferentes países. El hecho de nombrar a un nuevo presidente, por muy cercano al actual gobierno que sea, no puede modificar los resultados, como ya se ha indicado anteriormente.

Algo más delicado es el asalto a Indra y la dimisión en cadena de los consejeros independientes. Ahora esta compañía no tiene control alguno por parte de los pequeños y medianos inversores y se ve abocada a una OPA con consecuencias económicas imprevisibles para las arcas del Estado. El gobierno debe entender que nuestros impuestos no pueden ser usados para pagar estos tejemanejes, y menos aún cuando se trata de la compañía responsable, entre otros muchos negocios militares, del recuento de votos a nivel nacional. Todos los intentos de manipulación electoral que hoy se presentan en el juicio contra Donald Trump, o los ya vividos con las urnas opacas y llenas de votos del referéndum ilegal catalán, pueden quedarse cortos si se produjese un recuento ilícito en España. Evidentemente los partidos, en las siguientes elecciones, se verán obligados a custodiar sus copias de actas de las mesas electorales como oro en paño. A este paso la única alternativa será la retirada del contrato de recuento a esta compañía y consensuar unos nuevos responsables, lo cual se hace harto difícil en estos momentos de polarización.