Le perdí la pista a los opinómetros a finales de 2012. Los 25 artilugios comprados en 2010 por unos 200.000 euros, con cargo a los fondos del llamado Plan E, o plan Zapatero, que se concedían a los ayuntamientos para intentar reactivar de inmediato el empleo, en aquellos años temibles de la crisis. Francisco de la Torre interpretó que podía destinar ese dinero a esa adquisición porque el programa permitía inversiones en nuevas tecnologías.

Entonces el alcalde de Málaga consideraba que los opinómetros eran un instrumento de "potente" participación ciudadana. Un año después descubrimos que los habían utilizado 12.000 personas. Una cifra ridícula en estos tiempos de viralidad. Más adelante, cuando se ofreció el resultado de una consulta sobre la gestión municipal y ésta no quedó bien parada, el propio regidor le restó seriedad a los resultados, entre otras cuestiones porque una misma persona podía votar varias veces, y agregó que no se le podía dar el valor de una encuesta demoscópica. De la Torre en estado puro. La capacidad para defender una cosa y la contraria es innata.

Por entonces, ante las críticas del PSOE de que aquellos opinómetros eran electoralistas, el munícipe rebatió a la oposición con los ejemplos de otros ayuntamientos, que como el suyo, también habían destinado parte de las transferencias del Plan E a la compra de esos aparatos. Gandía y Benidorm, con gobiernos socialistas. Pero aquellas compras levantinas no terminaron bien. La justicia investiga una presunta financiación irregular del PSPV en aquellas operaciones. En julio pasado, El Mundo publicaba un informe policial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) que aseguraba que el sobrecoste de los opinómetros en la localidad alicantina alcanzó un 86% más que la factura que abonó a la misma empresa el Ayuntamiento de Málaga. El propio consistorio malagueño envió la documentación que obraba en su poder de su contrato. Uno de los socios de la firma que comercializaba los artilugios es el principal empresario sospechoso en la trama que se investiga.

Desconozco qué es de los opinómetros malagueños. Leí por alguna parte que algunos aparatos se habían reconvertido en terminales para pagar las tasas. Desde luego son un ejemplo más, como mínimo, de la alegría con la que este equipo de gobierno ha utilizado el dinero público. Ahora las vías para la participación ciudadana son menos costosas. Un enlace en la web y listo. Aunque el interés del público en canalizar sus opiniones por este sistema está por descubrir. Una de las últimas preguntas es si le parece bien a los malagueños que se elimine la prohibición de parar en doble fila. Fácil adivinar el resultado.