EL primer Debate sobre el estado de la Comunidad que ha vivido José Antonio Griñán como presidente de la Junta le ha permitido empaquetar las medidas que debía haber tomado antes para evitar que hayamos llegado a la situación actual. Incluso las medidas que debió tomar su predecesor en el cargo, Manuel Chaves, cuando los socialistas andaban desnortados sobre la gravedad de la crisis.

Son actuaciones de un marcado carácter socialdemócrata, cuyo enunciado alegró la mañana a los diputados socialistas, aquejados de mala conciencia por la pertinaz convicción de que el Gobierno de la nación ha centrado el ajuste duro en los recortes sociales. Unas (subida del IRPF para las rentas por encima de los 80.000 euros, tasas medioambientales, céntimo sanitario, impuesto sobre depósitos bancarios) tienen menos una finalidad recaudatoria que un objetivo ideológico: emitir el mensaje-guiño de que los que más tienen han de pagar más. Otras (bajada de sueldos, reducción de gastos de protocolo y publicidad, recorte de coches y sedes oficiales, eliminación de empresas públicas) se orientan a imponer la austeridad en la Administración. Insisto en la tardanza. Por ejemplo, si de 255 entidades públicas realmente existentes se van a liquidar 110, ¿qué utilidad han tenido para Andalucía estas 110 de las que se puede prescindir?

Establecidas las premisas de que el paquete Griñán está revestido de un acento social que le legitima mucho más que a Zapatero su propio recetario puramente neoliberal y de que la austeridad que se endosa a los andaluces exige también austeridad en sus gobernantes y la maquinaria con la que ejercen, a Javier Arenas no le quedó más remedio que exponer un discurso constructivo y sólo moderadamente crítico: las medidas son insuficientes, se debe hacer más.

Hay, no obstante, un aspecto de la propuesta de Griñán cuyas consecuencias no se han tratado con rigor: la apuesta por la disminución del déficit público supone cortar las alas a las posibilidades de crecimiento económico y, por tanto, a la creación de empleo, el otro gran objetivo del momento (y en Andalucía, más). Más impuestos significa menos ahorro y menos inversión privada. El punto que no debe pasar desapercibido es el que indica que de los 1.500 millones de euros en que se espera rebajar el déficit, 846 millones se recortarán mediante la "reprogramación de las inversiones directas y gastos de capital". Es decir, también sufrirán merma las inversiones de la Junta. El tercer capítulo del plan Griñán, el impulso a la recuperación económica, queda así lastrado por la insuficiencia de la inversión pública.

Lo que se anuncia es, seguramente, necesario. No basta.