LAS leyes tienen pelos, en efecto, unos filamentos sutiles pero fuertes como cerdas. Ahora hablaremos de ellos. Antes, el proemio. La Junta ha tratado de demostrar su celo contra los delitos urbanísticos tras la operación de Estepona proclamando que en los últimos tiempos ha denunciado en más de veinte ocasiones al Ayuntamiento. Semejante cúmulo de demandas no puede ser una disculpa sino todo lo contrario: es la demostración palpable de inoperancia para controlar las anomalías en la gestión del suelo. Más sincero, el presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, ha admitido que la Justicia actúa tarde contra la delincuencia urbanística. "Estos escándalos que sublevan a los ciudadanos requieren que todos nos pongamos más a tono para atajar este mal", agregó. Pues nada, si es una cuestión de "tono" pónganse todos a ordenar sus lamentos en la escala de graves y agudos y elijan el más adecuado para vocalizar la partitura de la eficacia. Y a no desentonar.

Y ahora, los pelos. En el mapa de las irregularidades urbanísticas, el caso más frecuente es el de los ayuntamientos que hacen equilibrios en el borde de la legalidad. Es decir, los que cumplen la ley por los pelos. En la provincia de Granada hay algunos alcaldes que han convertido los juzgados en su segunda casa. Van y vienen tan campantes, orillando responsabilidades gracias a que siempre se cuidan de agarrar la ley por los pelos. Que las leyes tienen pelos es una evidencia que sólo saben los encargados de peinarla y estos alcaldes que, en vez de abrazar las normas por la cintura, prefieren trincarlas de las púas como si fueran puercoespines. ¡Ojo que pincha!

Algunos alcaldes han convertido la costumbre de coger las normas por los pelos en un arte. Un arte admirado por otros colegas, más pudorosos, y reverenciado en silencio por los dirigentes de sus partidos. Ahora bien, a veces la raíz del pelo arrastra una gota purulenta y el caso adquiere cierta dimensión pública. Es cuando actúa el fiscal o el juez, esos destacados profesionales de los institutos capilares de la Justicia.

Hay alcaldes que invierten una fortuna en cuidar la apariencia de legalidad. Ayer supimos que el de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, gastó en 2007 en abogados 303.700 euros, un capital muy superior a la partida destinada a la nómina de los bomberos o a sostener la oficina de la Tercera Edad o el Centro de Información de la Mujer. Dicisiete despachos de abogados, algunos de ellos clientes inmemoriales, cobran sustanciosos honorarios gracias a la habilidad de Benavides para vadear la ley por los pelos.

No es el único, me temo, que gasta una fortuna en cosméticos legales.