EL panorama social se va ensombreciendo al comenzar las movilizaciones de algunos sectores muy afectados por la crisis económica, en particular por el aumento de precio de los carburantes. Los transportistas, que negociaron sin éxito con el Gobierno, anuncian un paro general desde la medianoche del domingo, prologado ayer por manifestaciones en Cataluña y Valencia que produjeron atascos en la circulación. Peor será el efecto de la huelga anunciada, ya que los empresarios de estaciones de servicios están haciendo acopio de gasolina y gasóleo ante la amenaza de quedar desabastecidas a partir del próximo jueves. Los pescadores llevan varios días en huelga, sobre todo en Andalucía y Galicia, registrándose también ayer el corte del puente internacional de Ayamonte, básico en las comunicaciones con Portugal, durante tres horas. Los agricultores empiezan igualmente a movilizarse. Son sectores de una incidencia social considerable, de modo que la tensión en los mismos se traslada con rapidez al conjunto de la ciudadanía. El Gobierno parece instalado en la perplejidad, entre el temor a desórdenes públicos y consecuencias sociales de la movilización y la exigencia de racionalidad que deriva del hecho de que la Unión Europea impide llevar a cabo una política de reducción de la fiscalidad sobre los carburantes, lo cual es congruente con la idea de que los aumentos en el precio del petróleo han de ser repercutidos de alguna manera en el precio final de todos productos. Es cierto, sin embargo, que los sectores ahora en la calle sufren especialmente, por su estructura de costes, los efectos de la subida del gasóleo, lo que justificaría alguna fórmula de tratamiento particular y coyuntural. Los ministros de Pesca están estudiando la posibilidad de aplicar parte del Fondo Europeo de la Pesca de la UE para ayudar al sector. Pero algo semejante podrían demandar transportistas y agricultores. La situación es complicada y debe plantearse conjuntamente en el seno de la Unión.