En tiempos de Carlos III se obligó a las prostitutas a vestir sayas pardas rematadas en picos. Y así, irse de picos pardos quedó en el lenguaje popular como sinónimo de parranda en la que no faltaran mujeres de vida airada como, pudorosamente, escribía Luis Montoto en Un paquete de cartas. La idea era vieja. En el medievo ponían una rama en la puerta de los burdeles para marcar a quienes, por ello, empezaron a ser llamadas rameras. Y no olvidemos la bonita tradición de la picota que recogía el rey Sabio en las Doce Partidas y que se abolió en las Cortes de Cádiz. El empicotado, tras ser declarado culpable de algún pequeño delito, era expuesto en la plaza pública para su escarnio y vergüenza. Como la imaginación penal del pueblo llano es tan prolífica, se le embreaba y emplumaba y se le lanzaban excrementos. A las mujeres, además, tras raparlas y darles a beber aceite de ricino, se las paseaba de esa guisa, montadas en un asno y desnudas de cintura para arriba. El tierno encanto de la justicia popular es insondable.

Hoy, esa misma justicia popular, se basta y sobra con las redes sociales. Es cuestión de colgar un video -la fuerza premonitoria del verbo es aterradora- acusando a alguien de cualquier aparente inmoralidad o comportamiento que al denunciante le parezca inapropiado. Aunque sea legal. La justicia del pueblo está por encima de las leyes. El sambenito, igual que en tiempos de la Inquisición, queda expuesto ad perpetuam rei memoria. La persistencia de la información -o desinformación- es eterna. No hay derecho real al olvido en la red. Siempre habrá alguien que conserve el video, la fotografía o el mensaje.

Por eso, el señalamiento público que ha hecho Irene Montero -seguida al instante por otros líderes de Podemos- de una ciudadana anónima, que, acogida a la ley, ha pretendido modificar la renta a sus inquilinos, nos devuelve a los peores tiempos. Y no sé que es peor: si su irresponsabilidad o el descaro al justificarse. Que un líder político lance a los pies de los caballos a un ciudadano cualquiera y lo deje a merced de la sanguinaria justicia de las turbas, única y exclusivamente, porque se cree en posesión de la verdad y la justicia y busca ganar un puñado de votos, es mucho más que una actitud miserable. Vulnera derechos fundamentales, cercena la libertad individual y debería incapacitarlos para ejercer la representación popular en un estado de derecho.