TODOS y todas aspiramos a un trabajo decente. Cualquier trabajador, en cualquier lugar del mundo. Un trabajo productivo y con unos ingresos justos, que proporcione seguridad en el lugar de trabajo y protección social, tal y como lo define la Organización Internacional del Trabajo. Que otorgue mejores perspectivas para el desarrollo personal y la integración social, libertad e igualdad de trato para hombres y mujeres: un trabajo decente para una vida decente.

Pero, por desgracia, siguen siendo pocos quienes lo tienen. En un mundo donde existen todavía cerca de doscientos millones de desempleados, donde la mitad de los trabajadores viven con menos de 1,3 euros al día, donde uno de cada siete niños vive involucrado en algún tipo de trabajo infantil, donde existe la explotación, el subempleo, donde accidentes y muertes en el trabajo forman parte de la cotidianidad diaria (en Málaga, 11 muertos por accidente laboral en lo que va de año), la lucha por un trabajo y unas condiciones laborales justas y adecuadas no ha dejado de tener sentido.

Es claro que la situación no es la misma en todos los países. Cierto. Pero incluso en aquellos que podamos considerar como más avanzados y ricos, el abuso y la explotación están presentes. La imposición de una ideología, la neoliberal, y de un nuevo tipo de capitalismo, que se caracteriza por la transferencia del riesgo a los trabajadores y que propugna la autorregulación del mercado y, por tanto, la carencia de controles y normas, ha propiciado la acusada pérdida de participación de los salarios en la distribución funcional de la renta, al tiempo que los beneficios empresariales han aumentado en proporciones nunca antes imaginables. Cuando esos beneficios son menores o no se producen, se pretende entonces repartir las pérdidas entre todos, como si todos por igual hubiéramos participado de los primeros.

La desigualdad es evidente. Se transfiere el riesgo a los trabajadores, y tras las conquistas del movimiento obrero, que posibilitaron gran parte de lo que hoy conocemos como estado del bienestar y que han dado a la inmensa mayoría de la ciudadanía (que, no olvidemos, está integrada fundamentalmente por la clase trabajadora) seguridad y protección social, se busca y pretende una vuelta a la inseguridad. Las continuas reformas del mercado de trabajo han desequilibrado de forma sostenida y profunda el reparto de los incrementos de la productividad y trabajo, se han roto las solidaridades colectivas, individualizando las relaciones laborales y desestructurando las trayectorias profesionales.

El trabajo cada vez se precariza más, las desigualdades aumentan. Y Europa no es ajena a ello. El 8% de los trabajadores europeos son considerados pobres y las tendencias desreguladoras del mercado de trabajo también se dejan sentir con fuerza aquí. El modelo social, que venía caracterizándose en nuestro entorno por la aspiración de construir estados de bienestar fuertes, seguridad social desarrollada, negociación colectiva y normas laborales se está viendo claramente amenazado. La aprobación de directivas como la de servicios, la de retorno de inmigrantes o la de duración de tiempo de trabajo no sólo indican claramente cuál es modelo alejado de los planteamientos sociales por el que se está apostando, sino que suponen una evidente pérdida de derechos y libertades que fueron duramente conquistados en el tiempo.

Quienes ostentan la propiedad de los medios de producción, aquellos que se encuentran en una posición de ventaja para hacer oír su voz e imponer sus intereses, deben hallar al otro lado una voz fuerte que sepa defender lo que de ningún modo deberían considerarse como privilegios, sino derechos que, en muchos casos, tienen más de un siglo de existencia. Es evidente que la estructura social que entre todos conformamos, cada vez más individualista e insolidaria, no ayuda a ello. Y, sin embargo, es ahora más necesario que nunca reclamar la unión de todas y todos aquellos para los que su único patrimonio es la fuerza de su trabajo, su salario como única fuente de ingresos.

Es cierto que nunca dejó de ser necesario, pero ahora más que nunca si cabe, cuando iniciamos un debate sobre el modelo económico y productivo que queremos, es fundamental reivindicar que ningún sistema económico puede construirse basándose en la codicia y en la desigualdad frente a la protección social y los derechos. Debemos retomar aquella fortaleza que tuvimos, siendo conscientes de que esa fuerza vendrá determinada principalmente por la solidaridad y la unión de la clase trabajadora en su conjunto: el individualismo o el corporativismo que fragmentan esta unidad perjudican por defecto al total de los trabajadores, y especialmente a quienes por sus propias características se encuentran en una posición más desfavorable.

Este 7 de octubre por vez primera se convoca una movilización a escala planetaria para todos. Es una buena oportunidad para expresar a gobiernos y empresarios nuestra voluntad de cambiar un sistema económico injusto por otro basado en la justicia y la igualdad. Volvemos a reivindicar un empleo estable y de calidad, unas condiciones laborales justas, en definitiva, derechos. Es nuestra obligación y nuestra responsabilidad hacerlo. Contra la pobreza y la desigualdad, por la solidaridad internacional, por el trabajo decente.