Sigue inexplicablemente bloqueada la elección parlamentaria de los vocales del CGPJ. No ayuda que el principal protagonista del proceso sea el gobierno y no a quien corresponde: el parlamento. Si siempre es un mal asunto que, de alguna forma, el ejecutivo invada funciones reservadas al legislativo, aún lo es más cuando se trata de elegir el gobierno del otro poder del Estado. Algo que resulta tan confuso como antiestético. Por mucho que conozcamos el funcionamiento de los partidos, y su centro de decisiones, no deberían olvidar que en democracia las formas importan tanto como los fines. Aunque la verdadera distorsión sea la descarada negativa del PP a llegar a ningún tipo de acuerdo para resolver una situación tan anómala. Todos son excusas -algunas tan impresentables como vetar al juez de la Gürtell- para, de forma ventajista, negarse a cambiar vocales elegidos cuando su partido gozaba de hegemonía parlamentaria.

El problema no es el sistema de elección, sino el mal uso que se hace del mismo. Desde sus inicios funcionó razonablemente bien, hasta que Aznar, con la arrogancia de su mayoría absoluta, no aceptó un procedimiento que le impedía nombrar a quien él quisiera. Para el PSOE de Zapatero, que se definía como oposición útil, el perfil excesivamente conservador de algunos de los propuestos impedía el consenso. El bloqueo se resolvió de la peor forma posible: cada uno ponía sus nombres y la parte contraria renunciaba al derecho de veto. Justamente lo opuesto al espíritu de la norma que busca, con la exigencia de mayoría cualificada, que los elegidos no representen a la parte sino al todo.

En este río revuelto podrían ganar terreno los que defienden que los jueces se elijan entre ellos. Pero, por mal que estén las cosas, podría ser peor el remedio que la enfermedad: lo que caracteriza al Estado de Derecho es el imperio de la ley y son los jueces los encargados de interpretarla y aplicarla. La sociedad pone en manos de cada juez un enorme poder, mucho mayor del de cualquier otro servidor público. Si el pilar que sustenta la arquitectura de la democracia es el principio de que la soberanía reside en el pueblo, no tiene sentido que el poder judicial, con funciones tan esenciales, viva ajeno a dicho principio. Y que, de forma corporativa, los jueces elijan entre ellos sus órganos de gobierno sin que, de forma directa o indirecta, medien las cámaras en la que reside dicha soberanía.

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios