EL Gobierno no ha tardado ni una hora en responder a la declaración independentista catalana. Una hora, el tiempo necesario para que Rajoy hablara con Pedro Sánchez -es fundamental ir juntos ante el desafío- y el tiempo necesario para que el presidente y su Gabinete redactaran el texto definitivo de su declaración institucional, preparada de antemano. Nada se ha dejado en el aire. De la misma manera que desde hace meses se ha buscado asesoramiento de expertos y de la Abogacía del Estado, también se habían tomado las medidas necesarias para que pudiera ser convocado el Consejo de Estado en cuanto se aprobara la declaración independentista a pesar de que era día festivo en Madrid, y que el Tribunal Constitucional pudiera reunirse esta misma semana en sesión extraordinaria, al igual que la Comisión de Subsecretarios y el Consejo de Ministros.

Todo estaba previsto, era lo mínimo que se podía esperar de un gobierno responsable. Y lo está siendo, como también están dando ejemplo los principales partidos de la oposición. Presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional es el primer paso, como ha dicho Rajoy. Pero también están analizados en profundidad, y decididos, los pasos siguientes, en función de los que vaya tomando el parlamento catalán.

A Rajoy se le ha acusado hasta la saciedad de no haber dado respuesta firme ante las declaraciones independentistas. Era difícil que pudiera responder mientras sólo fueran declaraciones, amenazas; pero en cuanto han aparecido los primeros signos de que se avanzaba en el independentismo no ha dudado el convocar a los líderes de la oposición para escuchar sus propuestas y explicarles las que tenía previstas el gobierno. Una vez que el Parlamento catalán ha proclamado el inicio del llamado "proceso de desconexión", ha puesto en marcha esas respuestas, en las que como dijo en su declaración institucional, se va a utilizar "el Estado de Derecho, pero todo el Estado de Derecho; la ley, pero toda la ley; y la democracia, pero toda la fuerza de la democracia".

Mientras culmina el proceso, en el que veremos que el Estado asume las competencias necesarias para que se cumpla la ley, lo más acertado es actuar con serenidad. Que sean otros, los independentistas, los que pierdan los papeles. Cuentan con menos respaldo en Cataluña del que suponen. Ni siquiera dos millones de ciudadanos apoyan su iniciativa disparatada.