ES normal que los gobiernos sin mayoría absoluta se vean obligados a negociar con grupos parlamentarios nacionalistas a fin de sacar adelante su principal instrumento de acción política, que son los Presupuestos Generales del Estado. Ello implica hacer concesiones y, tradicionalmente, aprobar fuertes inversiones en las comunidades de sus interlocutores, que de este modo obtienen una alta rentabilidad política anual de sus escasos votos a nivel nacional. Siempre se puede pensar que estas transacciones son más aceptables que las que Zapatero asumió en el proceso de reforma del Estatuto de Cataluña, realmente peligrosas para el Estado autonómico y la vertebración de España. Este año, sin embargo, el Gobierno y el partido que lo sustenta han traspasado todas las fronteras admisibles en su pacto con el Partido Nacionalista Vasco. Para asegurarse la aprobación de los Presupuestos y ganarse también el respaldo del PNV a su polémica e inoportuna reforma de la ley del aborto, Zapatero ha comprometido los votos socialistas en el Congreso para respaldar una proposición del nacionalismo vasco que otorga a las diputaciones forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya la posibilidad de que sus disposiciones fiscales tengan rango de ley y, por tanto, no puedan ser recurridas por personas físicas o jurídicas que se consideren perjudicadas por las mismas. Con este cambio se impedirá que ciudadanos y empresas de La Rioja o Asturias discriminadas por normas fiscales que favorecen la instalación de compañías en las tres provincias vascas puedan ejercer un derecho tan elemental como recurrir ante los tribunales ordinarios. Como ha escrito el profesor Clavero, si las Cortes aprueban esta iniciativa, "tendremos un nuevo privilegio en un sistema privilegiado". No se olvide que el País Vasco ya disfruta de un sistema privilegiado en su relación con el resto de España (concierto y cupo). Es un privilegio escandaloso, un agravio para los ciudadanos de otras comunidades y un ejemplo paradigmático de hasta dónde pueden llegar los gobernantes en la senda torcida de cambiar los principios de igualdad y solidaridad por un puñado de votos que les aseguren el poder. Mal asunto.