Como era previsible, desde que se fijó la fecha para el debate de investidura, la actividad negociadora se ha acelerado. Por lo visto era la única forma de romper la lentitud existente. Pero a veces los movimientos no van en la dirección correcta, sino todo lo contrario y, más que aclarar el panorama, pueden contribuir a confundirlo. Eso es lo que ha ocurrido con el artículo-carta-propuesta que Pablo Iglesias ha dirigido al candidato a presidente del Gobierno. No puede decirse que su texto contenga una aportación significativa para la elaboración de un futuro programa de gobierno, ya que nada aporta en ese sentido más allá de generalidades y lugares comunes con los que difícilmente se podría estar en desacuerdo.

Lo significativo de este ofrecimiento es la original fórmula que el líder de Podemos propone para determinar qué tipo de gobierno tiene que tener España. No puede ser más singular; pretende que sea el Congreso el que vaya determinando en sucesivas votaciones la fórmula de composición del Consejo de Ministros y que, por tanto, sea el pleno y no el candidato, el que decida si el ejecutivo ha de ser de colaboración o de coalición. Se parecería mucho a una subasta holandesa. Pero es más, conociendo la composición del actual Parlamento y los posicionamientos previos de cada grupo político, parece evidente que, una vez descartada la posible abstención de PP o Cs, el voto de los diputados separatistas pasa a ser decisivo y, por tanto, serán esos grupos secesionistas los que determinarían con su abstención, no ya si Pedro Sánchez puede ser investido, cuestión que parece inevitable, sino si en el Consejo de Ministros han de sentarse o no el señor Iglesias y cuántos más de sus compañeros. No me digan que la propuesta no es original. Pero lo original no siempre es lo acertado. Y, en este caso, esta formación gubernamental por descartes sucesivos, como pretende Iglesias, nos llevaría a dejar a los separatistas como árbitros definitivos de la composición de gobierno. Un verdadero contrasentido.

Lo razonable, aunque no sea tan original, es que sea el aspirante a la Presidencia de Gobierno el que haga la propuesta y sobre ella se pronuncie la cámara sin abrirle más posibilidades que la aceptación o el rechazo. La fórmula Iglesias desfiguraría el papel del Parlamento y del candidato y de rechazo significaría conceder a los grupos independentistas más fuerza y capacidad decisoria de la que le corresponde actualmente.