LA deriva económica de estos últimos meses está centrando la campaña electoral. No es mala noticia, aunque haya otros muchos problemas importantes que preocupen a los españoles; la economía debe ser siempre el quid de la cuestión ante unas elecciones generales. El debate económico arrastra medidas de suma importancia para la población, al fin y al cabo las mejoras sociales, el bienestar, las infraestructuras y todo aquello que significa progreso, va a depender del programa económico que aplique el gobierno que salga de las urnas. De poco vale la intromisión de agentes que, como la Iglesia, pretendan inclinar el voto enarbolando valores que afectan a la moral propia de su ideología y que sólo afectarán a los votantes que comulgan con su fe. Tal es así cuando afirman los obispos en su nota, ante a las elecciones, que tengan (los votantes) en cuenta el aprecio que "cada partido, cada programa y cada dirigente otorga a la dimensión moral de la vida". ¿Cuál es la dimensión moral pertinente?

La carrera por el voto se está centrando en promesas económicas de difícil asimilación y, especialmente, de difícil cumplimiento. Promesas poco elaboradas para su puesta en práctica una vez alcanzado el gobierno, promesas para lograr titulares y convencer a un votante poco o nada instruido en economía. La situación, tanto nacional como internacional, de la economía, con las tensiones financieras existentes, la inestabilidad de los precios energéticos, una inflación incontrolada, (por más que Zapatero saque la bola de cristal y augure que a partir de marzo disminuirá su tasa) y una situación empresarial con numerosos y negros nubarrones en el horizonte requieren de los programas electorales más que generosas dádivas para captar el voto del ciudadano económicamente constreñido, serias reflexiones de cómo reactivar una situación que poco a poco está minando los balances empresariales y, en consecuencia, el empleo y las rentas familiares.

Las empresas están viendo cómo cada vez les es más difícil obtener financiación para sus inversiones y, lo que es peor, están sufriendo una merma paulatina de su liquidez, viéndose obligadas a intentar vender sus activos en unos mercados en los que no existen compradores. La posible exigencia, por parte de los auditores, de tasar dichos activos a precio actual de mercado puede llevar a las empresas a provisionar, contra la cuenta de resultados, las minusvalías derivadas de dichas tasaciones, lo que en muchos casos ocasionará que dichas empresas presenten balances en los que sus activos, que antes superaban ampliamente el endeudamiento, presenten un valor por debajo del pasivo. Situación ésta más que probable en muchas de las empresas promotoras en toda España y que, sin duda, afectará a bastantes entidades financieras que han apoyado con sus créditos la compra de los citados activos.

Prudencia y cautela es lo que debemos exigir a los programas que votemos. El dinero público debe ser destinado a favorecer la creación de riqueza o a mejorar las necesidades sociales, nunca a la volátil faltriquera del votante.