EL anuncio del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, de que piensa suprimir el año que viene la contratación en origen de inmigrantes tiene toda la pinta de ser el reflejo de un Gobierno desbordado por la crisis, que pretende aplicar recetas simplistas a problemas complejos y desvela una preocupante ignorancia de despacho sobre la sociología del paro.

"No parece razonable que con 2,5 millones de parados sigamos recurriendo a esta contratación", ha explicado Corbacho. ¿Acaso era razonable hace un año, cuando había dos millones de parados? No es extraño que la oposición se haya opuesto a la iniciativa, porque la oposición está para eso, para oponerse, ni que la hayan rechazado los sindicatos, sorprendidos porque el ministro la anunciara minutos después de reunirse con ellos sin decirles ni mu.

Pero al ministro le debería preocupar que los empresarios que contratan en origen a colectivos de inmigrantes regulares también hayan visto con muy malos ojos su decisión. Ellos conocen el paño y saben que la la ecuación "a menos trabajo nacional, menos necesidad de trabajadores extranjeros" es una falacia. Piensen en el sector agrario, por ejemplo. Los freseros de Huelva no han ido desde hace años a buscar trabajadores polacos o marroquíes por vocación humanitaria, sino por no encontrar trabajadores onubenses o andaluces para recoger sus cosechas, lo cual ha sido perfectamente compatible con el hecho de que hay decenas de miles de parados agrarios acogidos al PER. Igual les pasa a los agricultores y cooperativas de Almería o Lérida, y tres cuartos de lo mismo a otros sectores productivos.

Es curioso que la premisa de la que parte Celestino Corbacho se aproxime tanto a los prejuicios ideológicos de la derecha más recia y paraxenófoba, resumidos en la idea de que los inmigrantes vienen a arrebatarles los puestos de trabajo a los nacionales. Nada de eso. Los inmigrantes vienen a ocuparse de las tareas que los nacionales ya no quieren hacer, por su peligrosidad, penosidad, fatiga o baja remuneración. Ocurre en el campo, y también en la construcción y la hostelería. Exactamente como los españoles que se marchaban a Francia, Suiza o Alemania hace cuarenta años. Con contratos en origen, por cierto, lo que les garantizaba una mínima seguridad.

Seguramente este propósito ocurrente del ministro de Trabajo quedará en nada, en lo dicho: la improvisación de un político desconcertado ante la crisis.... A no ser que el ministro disponga de una contundente arma secreta , a saber, la voluntad decidida y firme de depurar los censos del INEM y obligar a los parados a aceptar las ofertas de empleo realmente existentes, de modo que no hagan falta inmigrantes. Sospecho que no se va a atrever.

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