EL presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, planteó ayer ante el comité ejecutivo del Partido Popular, la puesta en marcha de una agenda para "la mejora de la calidad democrática de las instituciones". Es una respuesta, aún tímida, a las inquietudes mostradas a media voz por distintos líderes del PP, y más expresamente por los partidos de la oposición, a raíz de las elecciones europes del 25 de mayo pasado, que reflejaron en sus resultados el estado de malestar de buena parte de los ciudadanos ante el deterioro de las instituciones representativas por su incapacidad para dar respuesta adecuada a las crisis que padece la sociedad española. Rajoy se ha mostrado abierto a impulsar el debate sobre dos aspectos concretos de la realidad institucional. Por un lado, la reducción del número de cargos públicos que disfrutan del privilegio del aforamiento, actualmente más de diez mil entre diputados, senadores, consejeros autonómicos y jueces, un asunto puesto sobre la mesa de la actualidad por la tramitación rápida y unilateral de la ley que afora al rey abdicado, la reina Sofía y la princesa de Asturias. Por otro, la posibilidad de implantar la elección directa de los alcaldes por parte del electorado -la legislación vigente concede esta facultad al pleno de concejales electos-, oportuna desde el punto de vista del PP, que puede perder sus mayorías absolutas en ciudades importantes, pero también objetivamente positiva en aras de la estabilidad municipal. Es importante que el máximo líder del partido gobernante se haya abierto a estos debates, aunque con la tardanza habitual en la administración de los tiempos por parte de Rajoy. Sería necesario aprovechar la ocasión para plantear un auténtico plan consensuado de regeneración democrática que, además de las dos cuestiones citadas, contemple una serie de medidas que profundicen en la lucha contra la corrupción política y la transparencia y apartidismo en el funcionamiento de las instituciones a todos los niveles, que son vistas por la ciudadanía, con no pocas razones, como entes propensos a la endogamia, cerrados sobre sí mismos y de utilidad cuestionable. Más aún, no debe descartarse la eventual reforma de la propia Constitución, algunos de cuyos planteamientos necesitan adaptarse a las nuevas realidades tras 36 años de fructífero servicio como marco de convivencia de la sociedad española. Es correcta, no obstante, la advertencia de Mariano Rajoy en el sentido de que cualquier reforma constitucional ha de plantearse con objetivos claros y precisos, capaces de suscitar un consenso igual o mayor a la Carta Magna vigente y, por supuesto, realizarse por los procedimientos que la propia Constitución establece.