DENTRO de dos semanas el Consejo de Gobierno andaluz aprobará el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2015, la norma más importante del ejercicio y la guía de todas sus políticas. De las declaraciones realizadas esta semana por portavoces del PSOE e Izquierda Unida se desprende la idea de que las negociaciones entre ambos socios van por el buen camino, pese a las diferencias ideológicas y políticas entre ellos y a los episodios de desencuentro vividos en el último año, singularmente la grave crisis que se produjo en torno a las viviendas ocupadas en Sevilla. La propia presidenta, Susana Díaz, anunció en el Parlamento que habrá presupuestos consensuados el año que viene y que serán menos restrictivos que los de los años precedentes, registrando una importante subida en materia de obras públicas asignadas a la Consejería de Fomento, precisamente en manos de IU y detonante de la crisis de los okupas. En todo caso, la viabilidad de unos presupuestos aceptables para la izquierda gobernante depende en buena parte de la actitud del Gobierno de la nación con respecto a la reivindicación de la Junta de que se flexibilice la devolución, obligada para Andalucía, de 426 millones de euros procedentes de la liquidación de sus ingresos financieros en 2013. Hay otro factor de incertidumbre, éste de carácter interno, que pesa sobre el pacto presupuestario: IU ha exigido como condición para el acuerdo que el Gobierno andaluz impulse la creación de una banca pública que actúe como entidad financiera autonómica en competencia con las privadas. Díaz, por su parte, concibe esta propuesta recogida en el pacto de gobierno como un instituto de crédito que centralice los recursos de las consejerías y ayude a las pymes. La experiencia desastrosa de las cajas de ahorros aconseja no repetir el error, por más que Izquierda Unida se empeñe en ello, dentro de una opción puramente ideológica y decididamente intervencionista y obsoleta.