UNAS declaraciones impremeditadas del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, sobre la responsabilidad de los gobernantes autonómicos han provocado una auténtica tormenta política, llamada en principio a amainar en cuanto se disuelva la confusión creada. En el contexto de un fuerte malestar de los ciudadanos con los despilfarros que caracterizan la gestión de numerosos presidentes autonómicos y alcaldes y del consenso generalizado sobre la necesidad de austeridad y transparencia, Montoro salió a defender las positivas medidas acordadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para inyectar liquidez en las autonomías en dificultades y, a la vez, sancionar a aquellas que incumplan los objetivos de control del déficit público asumidos mediante la retención de las cantidades que legalmente les corresponde recibir de la Administración Central. Pero dio un paso más, arriesgado, al sugerir que se exigirán responsabilidades de carácter penal a los gobernantes que superen los topes de gasto y deuda pactados. En el caso de que sus palabras se refieran a la superación del déficit, los mecanismos antes citados han sido asumidos por todas las comunidades autónomas, incluidas Andalucía, País Vasco y Cataluña, dirigidas por partidos de la oposición, de modo que están de más las insinuaciones del ministro. Si, por el contrario, hacían alusión a prácticas deleznables como el falseamiento de las cuentas, la ocultación de las deudas y el endoso de facturas pendientes a gobiernos futuros, se trata de actos que ya están contemplados en el vigente Código Penal y, por tanto, no necesitan de ninguna regulación, sino de aplicar los tipos penales correspondientes sin restricciones ni flexibilidades agraviantes. Existen, pues, los instrumentos jurídicos precisos para sancionar los delitos y se acaban de pactar los adecuados para los casos de vulneración de los compromisos contraídos. Las manifestaciones de Cristóbal Montoro están llamadas a quedar en nada.